Legisladores de todos los sectores, agrupaciones y particulares presentaron sus argumentos. El jueves 9 de febrero se decide si se avanza en la investigación.
Diputados oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron, en la segunda reunión de la comisión de Juicio Político, sus denuncias contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los miembros del máximo tribunal están acusados de mal desempeño de sus funciones.
El próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo deberá imponer su criterio con la mayoría que tiene en esa comisión parlamentaria: 16 sobre 31 integrantes.
«Ayer se escuchó a los autores de los proyectos de pedido de juicio político que ratificaron sus denuncias. Hay 14 proyectos y 60 hechos que se le atribuye a los cuatro jueces», señaló Carolina Gaillard, la presidenta de la Comisión.
También destacó la intervención que realizó la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, en la que «expresó y ratificó todos los términos de su denuncia contra el juez Lorenzetti» que en 2017 fue presentada por la dirigente Elisa Carrió.
Sobre el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Gaillard dijo que «también hizo lo suyo. Hubo organizaciones de juristas prestigiosos acompañados por organizaciones de derechos humanos y también muchos particulares que han expuesto distintas denuncias».
Vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López había solicitado que los cargos contra cada juez se voten por separado y no en un ‘paquete’, para que se de la posibilidad de marcar las disidencias que se pudieran suscitar.
El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener «idoneidad» debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.
El legislador del Frente de Todos dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte «deben administrar justicia bien y legalmente».
Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que, dijo, «distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores».
«¿Por qué no escuchó a los gobernadores?. ¿Será por la relación de Rosatti con Horacio Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño con licencia, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?», preguntó Valdés.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento».
La diputada oficialista María Rosa Martínez, que presentó un pedido junto a su par Pablo Carro sobre los cuatro integrantes del máximo Tribunal, precisó que «tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión de delito de malversación».
Luego, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de «la multisectorial por la democratización» de la Justicia presentó en 2022 «un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño».
Las denuncias están firmadas también por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien señaló ante la comisión que el pedido de juicio político a la Corte «llega muy tarde» y consideró que «estos jueces han hecho mucho daño ya».
El representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, denunció «por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal».
La exdetenida desaparecida durante la dictadura, Patricia Isasa, señaló que su petitorio busca que «no castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo», sino que su búsqueda «en pos de una Justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos».
«Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte», dijo.
Ricardo La Greca, otro de los particulares que se presentaron señaló que «solo las pruebas condenan, no los jueces. Si un juez no permite producir la prueba eso es corrupción y si además actúa como defensor de los intereses de los encartados, el resultado es la total impunidad de los delincuentes».
El abogado Pablo Llonto, otro de los denunciantes, dijo que «uno de los problemas en la Corte es Horacio Rosatti. La inactividad de la Comisión Interpoderes envía un mensaje y es que no se hagan problema si los juicios son lentos. Los juicios de lesa humanidad merecen la mayor celeridad».
