Mientras cientos de desocupados hacen largas colas frente al Ministerio de Producción y Trabajo para reclamar por el pago del subsidio electoral de 5 mil pesos prometido por el oficialismo y suspendido por la Justicia por considerarlo como posible compra de votos, trascendió que en la provincia de Formosa la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio habría accedido al beneficio. La denuncia sobre el tema que se presentó en la Justicia federal involucra al ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, presunto beneficiario de la maniobra.
El abogado Dardo Caraballo realizó la denuncia ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello y la misma se sumó al expediente que sobre el caso lleva la jueza federal María Servini, quien en plena campaña electoral había ordenado hacer lugar a una cautelar que pedía la suspensión del pago del polémico subsidio, ante la sospecha de que fuera utilizado para la compra de votos o como forma de pago a los fiscales del oficialismo, como habían denunciado desde el Frente de Todos.
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El presunto bono para desocupados, que ya no se está abonando pese a la constante demanda de los auténticos beneficiarios, se canalizaba por medio de la Secretaría de Empleo con una normativa que nunca fue publicada en el Boletín Oficial. La denuncia sobre el presunto pago a fiscales en Formosa confirmaría algunos aspectos de las sospechas previas del destino electoralistas de este programa de último momento.
Según el denunciante, un cruce de datos sobre las 1.404 mesas de votación en la provincia mostró que por lo menos 756 fiscales de Juntos por el Cambio resultaron beneficiarios del bono (un 54% del total). A nivel provincial, el subsidio había sido entregado a 3.994 personas, por lo que el destino “electoral” del mismo sería alto. Pero para el denunciante el número podría ser todavía mayor, ya que el cruce de datos sólo registra a los fiscales que firmaron el acta de cierre de comicios y no a otros participantes del proceso electoral, fiscales itinerantes, etc.
En la denuncia de Caraballo se apunta contra el ministro de Producción Dante Sica, el secretario de Empleo Fernando Prémoli y el delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo de la Nación Germán Villalba. También contra el concejal Miguel Montoya y el diputado nacional Buryaile, quienes podrían ser los gestores del pago a los fiscales de mesa. Buryaile debería jugar como Diputado el próximo 4 de diciembre, por lo que el denunciante pide se analice el caso de forma urgente en la Comisión de Poderes de la Cámara de Diputados.
