En una escandalosa sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, el oficialismo aprovechó una turbia maniobra judicial que le otorgó circunstancialmente una «mayoría especial» y votó el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler, a quien busca remover desde su asunción para poner a un juez afín en esa silla clave.
Después de que este miércoles el juez Lavié Pico confirmara la sentencia de inhabilitación para que el senador Ruperto Godoy pueda continuar formando parte del Consejo de la Magistratura, el peronismo debió lanzarse a una carrera político-judicial para conseguir que se apruebe el pliego de su reemplazante, el chubutense Mario Pais, antes del decisivo plenario de este jueves en el que se iba a tratar el pedido de suspensión y remoción del camarista Eduardo Freiler, acusado de mal desempeño.
A fines del mes de mayo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico emitió un fallo en el que declaraba “inconstitucional” el artículo de la ley que quitaba la obligación de contar con un título de abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. La decisión implicaba la separación del legislador sanjuanino Ruperto Godoy, quien argumentaba que si no se exige ese requisito para integrar el Senado no es lógico que se lo requiera para los representantes de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura. Godoy, además, rechazó el fallo, considerando que “es parte de una maniobra política del oficialismo que busca desequilibrar el número de representantes en el Consejo para poder disciplinar a los jueces que no responden a sus intereses” y planteó diversos recursos de apelación.
Pero este miércoles, Lavié Pico, con un timming judicial absolutamente en línea con las necesidades políticas del gobierno nacional, confirmó la ejecución de la sentencia que implica que Godoy “deberá cesar inmediatamente en sus funciones como integrante del Consejo de la Magistratura”. La decisión obligó al peronismo a correr contra reloj para renovar el cargo que quedó vacante con el senador que le corresponde, que ya se decidió que sea Juan Mario Pais, legislador chubutense que no responde directamente al kirchnerismo.
Por esto, a instancias de los diputados peronistas e integrantes del organismo Rodolfo Tailhade y Virginia García, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, le solicitó a última hora del miércoles por escrito al presidente de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti que tome los recaudos necesarios para garantizar la jura del senador como nuevo integrante del Consejo. Sin embargo, el supremo tribunal tenía programada para esta mañana otras actividades y fijó el acto para horas de la tarde. Mientras tanto, País esperaba en Tribunales que pudiera viabilizarse su jura y la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura avanzó sin uno de sus integrantes.
Godoy de todos modos se presentó a la sesión plenaria y planteó que seguía ejerciendo sus funciones, pero Donató lo rechazó. Ante la decisión, Tailhade planteó: «Es evidente que lo único que le interesa es el juicio político a Freiler. Apresuraron los tiempos para comenzar con este tema el plenario cuando ocupaba el décimo lugar, sin que se realizara la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación que estaba pautada antes del plenario». Y, apuntando directamente contra la presidenta del organismo, concluyó: «Es una vergüenza, una barbaridad, un enchastre lo que están haciendo. Usted se quiere cargar un juez. No tienen límites».
Descartada la presencia de Godoy y sin la jura de Pais, la composición excepcional de 12 miembros permitió que los 8 votos con los que ya contaba el oficialismo se transformaran en los dos tercios requeridos para aprobar un pedido de suspensión y juicio político. Y desde Cambiemos no tuvieron escrúpulos en aprovecharse de la situación y votar la propuesta de la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por el diputado PRO Pablo Tonelli.
El pasado 29 de mayo la Comisión ya había intentado aprobar el inicio del juicio político contra Freiler pero no lo logró por los votos contrarios de Godoy y del consejero Jorge Candis, representante del sector académico. La investigación contra Freiler dirigida por Tonelli presentó un dictamen de más de 200 páginas en el que se desarrollan cuatro cargos por presunto mal desempeño de funciones: falsear y omitir datos en sus declaraciones juradas, incremento patrimonial y un conjunto de gastos sin relación con sus ingresos declarados, incumplimiento grave y reiterado de obligaciones y deberes fiscales y el haber alegado motivos falsos para obtener licencias con goce de haberes.
La remoción de Freiler es un viejo objetivo del macrismo, que ambiciona ubicar en esa silla clave de la Cámara Federal 1, que puede definir el avance o no de causas de corrupción contra funcionarios, a un juez más afín a sus intereses.
