Finalmente, acorralado por el escándalo, el subsecretario General de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan presentó esta tarde su renuncia ante el presidente Mauricio Macri. Por la mañana había intentando justificar ante la Oficina Anticorrupción el hecho de figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que llegó a manejar una cuenta con al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra, un conocido paraíso fiscal europeo. La empresa estaba vinculada al cuestionado empresario uruguayo Paco Casal, involucrado en millonarias causas de corrupción por compra venta de jugadores y derechos de televisación, entre ellas en el FifaGate.
La renuncia de Díaz Gilligan fue confirmada por fuentes oficiales a los periodistas acreditados en Casa Rosada. Hasta último momento el funcionario fue defendido por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y por su superior, el secretario General de la Presidencia Fernando De Andreis, su padrino político desde que comenzó a trabajar en la función pública en la Ciudad de Buenos Aires bajo la administración de Mauricio Macri. Pero las denuncias en su contra se iban acumulando, incluida una denuncia judicial realizada por el diputado del FPV Rodolfo Tailhade por los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa. Previamente ya hasta integrantes de Cambiemos como el jefe radical del Interbloque de la alianza de gobierno Mario Negri y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, habían pedido públicamente su alejamiento del cargo y su puesta a disposición de la Justicia.
Díaz Gilligan es el primer funcionario del Gabinete Nacional que debe dejar su cargo en medio de un escándalo por actividades presuntamente ilegales, ya que la estrategia del oficialismo siempre fue defender a ultranza a sus integrantes en problemas para eventualmente ir hacia un recambio cuando ya hayan quedado fuera del foco noticioso. Los recientes escándalos del ministro de Trabajo Jorge Triaca con la designación de su empleada doméstica en el SOMU intervenido y las denuncias contra el ministro de Finanzas Luis Caputo por su participación accionaria en empresas offshore en las Islas Caimán así lo prueban. Pero en el caso de Gilligan, un funcionario de segunda línea, el costo político fue demasiado alto y el propio presidente Mauricio Macri decidió frenar la escalada mediática del tema, pese a la previa defensa cerrada de sus funcionarios.
Más allá de la renuncia, el ahora exsubsecretario tiene abierto un pedido de informes en la Oficina Anticorrupción y sigue en curso la denuncia presentada por Tailhade. Éste explicó: “No podemos soslayar que en su `defensa’ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra. Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios solo aportan más oscuridad a un hecho de por si grave”. La denuncia del diputado del FPV recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y la fiscal interviniente es María Alejandra Mángano.
