El escándalo de los presuntos aportantes truchos en la última campaña electoral de Cambiemos obligó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Tras la decisión de María Eugenia Vidal de despedir a la Contadora General de la Provincia, Fernanda Inza, quien estaría implicada en el caso al pertenecer al equipo de rendición de cuentas de la alianza gobernante en 2017, la administración Macri prepara un proyecto de ley para bancarizar donaciones.
El jefe de Estado lo anticipó en la conferencia de prensa que ofreció en Olivos. Allí, expresó que, ante la denuncia que tomó el juez Sebastián Casanello, «se debe tener prudencia, respetar los tiempos de la Justicia» y que es necesario cambiar las reglas de la financiación de las campañas electorales. Por eso, la Casa Rosada ya tiene lista una iniciativa que sería presentada el viernes en la Cámara de Diputados.
Fuentes oficiales destacaron que por orden de jefatura de Gabinete se comenzaron a acelerar los tiempos del proyecto, surgido de la secretaría de Asuntos Políticos de Interior que encabeza Adrián Pérez. Según La Nación, la nueva normativa prohíbe de manera total las donaciones en efectivo.
También, habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido, pero descarta donaciones de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras. Se establece, además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.
En otro apartado, el proyecto crea un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar. «La ley tiene limitaciones y exclusiones, y eso está muy bien», afirmó el hombre de la Coalición Cívica Fernando Sánchez.
Vale destacar que el fiscal Jorge Di Lello comenzó a indagar acerca de los aportantes truchos, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, liderada por el dirigente Gustavo Vera, y que quedó a cargo de Casanello. Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
