El fiscal Franco Picardi resiste el pedido de los acusados Facundo Melo y Leandro Araque quienes pretenden que se anule una prueba fundamental de la investigación del espionaje ilegal, que tiene 38 procesados y cuyo futuro está en manos de la Cámara Federal porteña.
En esta línea, Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo del expediente en los tribunales de Comodoro Py, que rechace los pedidos de nulidad de la investigación.
En junio Fernando Sicilia, abogado defensor de Araque y Melo, realizó un planteo extenso para pedir que se declare la nulidad de muchas medidas en las que se edificó la causa que tiene 38 procesados, entre los que están sus dos defendidos, los exjerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los exdirectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la exfuncionaria Susana Martinengo.
Según la causa, Melo y Araque forman parte del núcleo central que investigó la justicia de Lomas para reconstruir cómo operaba un sector de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Araque integraba la Policía de la Ciudad y fue reclutado por otro compañero de esa fuerza, Jorge “Turco” Sáez, a quien el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, le pidió que conformara un grupo que iba a funcionar “desenganchado” de la estructura tradicional de la exSIDE. Sáez, que había sido parte del área de inteligencia del SPF, se llevó a su compinche a Araque con él.
A Melo también lo sumó Sáez. El abogado de Lanús inicialmente reportó al llamado “Proyecto AMBA”, una iniciativa de la AFI que consistió en desperdigar bases y espías por la provincia de Buenos Aires durante 2017, el año que marcó el regreso de Cristina Fernández a la contienda electoral.
En la actualidad, a través de su abogado Melo y Araque pretenden que se anulen pruebas fundamentales para la causa. El defensor apuntó contra la declaración indagatoria que brindó un detenido por narcocriminalidad, Cristian Sergio Rodríguez l cual dio origen a la causa de espionaje.
“Verdura”, como es denominado este testigo, declaró ante el juez que conocía a Melo, que había visitado su estudio jurídico y que él le había pedido que dejará una bomba sin conectar en un domicilio en el que había vivido José Luis Vila, funcionario del Ministerio de Defensa de Macri.
Sin embargo, el abogado Sicilia sostiene que dicho relato estaba armado para perjudicar a sus clientes y así armar la causa. Además, adjudica irregularidades en cómo se secuestraron los teléfonos de los acusados, desde donde se sacó información clave para entender cómo operaba esa célula de la AFI.
Al planteo de Sicilia se sumaron la mayoría de los abogados de los acusados. Entre ellos el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, Sáez y su hija Belén y Martinengo.
Por otro lado, fueron muchos querellantes los que pidieron, al igual que Picardi, que los rechazaran: CFK, la Unidad de Información Financiera (UIF), Vila, la Comisión Provincial por la Memoria, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco y Maximiliano Rusconi, entre otros.
“Es un vano intento por pretender sostener una causa que se desmorona por todos los cimientos”, expresó Sicilia. “Lamentablemente, el fiscal no explica fundadamente los motivos por los cuales pretende sustentar una causa manifiestamente ilegal. Se pretende investigar hechos que se indican como ilegales mediante otra investigación ilegal”, agregó el abogado.
En este contexto, el futuro de la causa de espionaje se debate en la Cámara Federal porteña, donde los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deben definir si confirman los 38 procesamientos que en febrero dictó el juez Juan Pablo Augé así como la falta de mérito del secretario privado de Macri y actual candidato a legislador porteño, Darío Nieto.
Comentarios