El juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la llamada «Causa Vialidad» donde están acusados el empresario Lázaro Báez y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue acumulando testimonios que dan cuenta de una investigación judicial forzada por la gestión de Cambiemos, con poco asidero probatorio. Este martes el ex interventor de Vialidad de la provincia patagónica, Leandro García, afirmó no haber encontrado situaciones anómalas en las obras licitadas.
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal N°2, el ex funcionario (designado por el propio titular de Vialidad y luego secretario de Energía del macrismo Javier Iguacel) manifestó: “Me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios pero no encontré ninguna situación anómala”.
El testimonio de García (vía Zoom desde el Juzgado Federal de Ushuaia) fue propuesto por la fiscalía y la querella de la Oficina Anticorrupción, por lo que pasó a sumarse al listado de testigos de la acusación que en realidad con sus testimonios terminan beneficiando a los acusados, lo que da cuenta de lo endeble de la prueba con la que se inicio el proceso judicial.
García, que revista en Vialidad desde 2002, además negó haber recibido órdenes de la cúpula de Vialidad Nacional durante los gobiernos kirchneristas para beneficiar a alguna empresa en particular con los procesos licitatorios y, por el contrario, ratificó que ya con el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri en el poder se rescindieron los contratos con la constructora de Báez de manera totalmente injustificada, sin atender a los argumentos válidos presentados por la empresa para las demoras en la obra (que en todas las pericias del caso se consideraron absolutamente normales).
Otro testigo del día fue el empleado de Vialidad santacruceña Ramiro Marín, quien confirmó los dichos de otros testigos respecto de la visita en 2016 de Iguacel y del extitular de Jurídicos de la DNV Ricardo Stoddart a la sede del organismo patagónico en un patrullero y con custodia policial en una clara puesta en escena intimidatoria. La actual diputada Laura Hindie, ex trabajadora de Vialidad, fue la primera en denunciar el hecho, afirmando que además fue intimidada y obligada a firmar un documento luego utilizado para impulsar la causa judicial.
