El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó este martes un pedido de inconstitucionalidad de los DNU del presidente Alberto Fernández que había planteado la defensa de Stefanía Domínguez, una de las imputadas en la causa por la Fiesta en Olivos.
A fines de agosto, el abogado Mauricio D’Alessandro había pedido que se declare la «inconstitucionalidad» de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron la prohibición de circulación y desplazamientos como medida preventiva para contener la pandemia.
«No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», argumentó en ese momento el abogado.
Festejo en Olivos: el expediente llegó al juez de San Isidro Lino Mirabelli
Del mismo modo, D’Alessandro había reclamado el sobreseimiento de su clienta por “inexistencia de delito”. “Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19″, sostuvo el abogado.
Ahora, Mirabelli rechazó el planteo. “No se advierte prima facie la necesidad de invalidad los decretos de necesidad y urgencia cuestionados, toda vez que no aparecen irrazonables frente al caso concreto, a raíz de la posible colisión con otros principios constitucionales en juego, ni la defensa se ha ocupado de argumentar y demostrar dicha situación”, sostuvo el juez en la resolución.
En la misma línea agregó: “Negar de manera absoluta la validez de la herramienta cuestionada sería privar a las autoridades ejecutivas de la posibilidad de cumplir con su mandato constitucional de proteger la salud pública”. A su vez dentro de la resolución mencionó los decretos 260, 297 y 576, todos del año 2020.
Tras ser imputado, Alberto insistió en que la reunión de Olivos fue «un acto de imprudencia»
Ahora, el juez deberá resolver el planteo que hizo en su momento el presidente Alberto Fernández, quien pidió ser sobreseído al considerar que en el caso no se cometió delito y propuso una reparación económica al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Es probable que Mirabelli rechace la presentación del presidente por lo que el resto de los acusados deban planear sus estrategias de defensa.
