Mientras el escándalo por los repudiables dichos de los diputados PRO Fernando Iglesias y Waldo Wolff sigue creciendo, representantes legales de la actriz Florencia Peña confirmaron que presentarán una demanda contra ambos, pidiendo su desafuero y exigiendo una indemnización por más de 30 millones de pesos. Este planteo se suma al de 15 diputadas que también pidieron el desafuero de Iglesias por sus comentarios misóginos.
El escándalo se generó por las declaraciones de los legisladores opositores planteando que la visita de la actriz y de otras mujeres para sostener reuniones oficiales con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos constituían “escándalos sexuales”.
Por sus «comentarios misóginos», piden la expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara de Diputados
El abogado Fernando Burlando ratificó que la intención de Peña es avanzar con una demanda contra los dos legisladores. La demanda plantea: “Por la presente vengo a formular denuncia e incumplimiento de los deberes públicos respecto de los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolf por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional”.
El texto “solicita especialmente la competencia del Sr Juez Federal y que se soliciten los respectivos desafueros a la cámara respectiva” y pide que “se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación”. También se requiere “la inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia”.
Burlando confirmó que hay varias denuncias en curso, ya que “primero intimamos a los responsables de los ataques a Flor a través de cartas documento”, afirmando que fueron violadas “innumerables disposiciones legales emparentadas a la violencia de género”. Luego el letrado aseguró que van a concurrir a la Justicia en lo federal por el abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público. También elevarían la causa “al consejo de la mujer, al INADI y a un sinnúmero de organismos que se encargan de controlar quienes respetan o no la temática de género”.
“Hoy la sociedad y la actualidad no da para tolerar este tipo de exabruptos. Ya no son errores, porque creo que esto viene emparentado con conductas que son parte del pasado y del presente de esta gente. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina”.”, concluyó Burlando.
