Mariana Vargas, abogada defensora de detenidos en Jujuy tras la represión en Jujuy, aseguró que «hay personas que no se saben dónde están» y denunció «irregularidades» por parte de las fuerzas de seguridad que intervinieron durante las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.
«Tenemos una lista de 42 detenidos en Alto Comedero, pero habría más. Estamos viendo dónde y cómo están. La situación es muy grave porque todo es absolutamente irregular. Hay personas que buscan a familiares que no saben dónde están», advirtió Vargas.
«Suele ocurrir también que en estas situaciones hay gente que se esconde por temor. Tenemos que ir decantando la situación. En el penal intentaron desalojar a los abogados que logramos ingresar. Entramos para ver los detenidos porque había muchos heridos. Fue algo brutal. Fueron horas de mucha angustia hasta tener la lista de aprehendidos», explicó.
Desde el gobierno provincial responsabilizaron por los hechos a grupos vinculados a Milagros Sala y de manera directa, Morales responsabilizó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hoy las protestas continuarán en todo el territorio provincial en rechazo a la reforma parcial de la Constitución local y para repudiar el operativo policial y los incidentes que dejaron cientos de heridos y decenas de detenidos.
Sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y agrupaciones políticas volverán a movilizarse hoy al centro de San Salvador de Jujuy, en el marco de un paro general y una marcha de antorchas que tendrá su epicentro esta noche en la ciudad capital y en otras ciudades, mientras se mantienen múltiples cortes en el interior provincial de pueblos originarios.
La convocatoria central es impulsada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Educación Media y Superior (Cedems) y el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), con la adhesión de otros sindicatos que conforman la Intergremial para «exigir la derogación de la reforma constitucional, la liberación de los detenidos y una recomposición salarial».
Por su parte, la CGT respaldó las medidas de fuerza impulsadas en el ámbito provincial, luego de que la seccional regional de la central obrera decidiera dictar una huelga de 48 horas hasta el jueves. La entidad gremial jujeña emitió un comunicado en «absoluto repudio a los lamentables hechos de represión y violencia policial que están sucediendo en la provincia de Jujuy y que han derivado en un severo conflicto social, afectando a toda la comunidad en su conjunto, ejercidos sobre una población que viene manifestando su disconformidad sobre cuestiones fundamentales».
