La jueza federal María Eugenia Capuchetti le pidió al Banco Central y a la Bolsa de Valores información sobre los protagonistas centrales del mercado. Además, se intentará determinar el rol de los funcionarios. Alberto, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, había dicho que el acuerdo con el FMI “no releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación”.
En la fiscalía de Franco Piccardi y en el juzgado de María Eugenia Capuchetti hay una coincidencia: quieren saber “si hubo funcionarios-personas de los dos lados del mostrador”.
Son los encargados de investigar si hubo delitos en la toma de la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, que llevó al Gobierno de Alberto a un acuerdo de Facilidades Extendidas, que compromete a devolver desde 2026 hasta 2034, los casi 45 mil millones de dólares que recibió Macri entre 2018 y 2019, que en ese acuerdo Stand-By tenía plazos más cortos y exigencias más duras del que se conoció esta semana.
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En esa línea, la jueza le solicitó al Banco Central “se identifique a quienes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares; los diez compradores de 7.945 millones de dólares y a las personas jurídicas que efectuaron compras netas de divisas por un monto de 41.124 millones de dólares”. A la Bolsa de Valores, Capuchetti le pidió que identifique a las personas jurídicas y físicas suscribieron títulos de Lebacs y luego desarmaron esas posiciones entre enero de 2018 y diciembre de 2019”.
En definitiva, Capuchetti y Piccardi buscan determinar si el “carry-trade”, o bicicleta financiera, esa práctica de traer dólares, comprar Lebacs a intereses altísimos, luego venderlos, transformarlos en dólares y remitir esas inmensas cantidades al extranjero, también significó un beneficio para los funcionarios macristas que tomaron esas decisiones que avalaron los esquemas de fuga. Un círculo de salida a cuentas en el exterior de los fondos que vinieron del FMI.
Una causa compleja
La investigación por las responsabilidades política y eventualmente penales de los funcionarios por el préstamo es compleja y tiene una primera dificultad, que es la argumentación sobre que fueron medidas de política económica, no judiciables y decididas por un gobierno constitucional.
El fiscal Piccardi apunta al delito de malversación de fondos públicos: se pidió dinero (al Fondo) para una cosa, y se utilizó para otra: “para que determinadas personas conformen activos externos”. Es decir: fuga de capitales.
Aunque hay un delito de mayor gravedad y es el de fraude en perjuicio del Estado, para lo cual hay que ver si los funcionarios, sus familiares o sus sociedades se beneficiaron con las medidas tomadas por ellos mismos.
Esa es la línea en que se basó el pedido de Piccardi, que derivó en la medida de Capuchetti de pedir que se levanten los secretos sobre esas maniobras para determinar si funcionarios del gobierno de Macri actuaron de ambos lados del mostrador.
Cuando el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, hizo la denuncia señaló que “un puñado apretado de beneficiarios, es decir un universo hiperconcentrado, accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local”.
Investigación
Piccardi entiende que el primer paso debe ser una investigación sobre una serie de medidas que tuvo varias etapas. La primera de ellas fue la flexibilización del mercado de cambios. El exministro Nicolás Dujovne, que es uno de los imputados, firmó diferentes resoluciones como la eliminación de la obligación de los exportadores de negociar sus divisas en el mercado oficial. Piccardi tiene en la mira 8 medidas que fueron en el mismo sentido que permitieron la creación de lo que técnicamente se llama formación de activos externos, conocida también como fuga de divisas.
También está en revisión judicial la emisión de 1,2 billones de pesos en Lebacs, que con la bicicleta financiera que “producían un rendimiento real en dólares del 10 por ciento anual, tasa inexistente para cualquier mercado legal o actividad lícita”, según describió el economista Daniel Marx, citado por la Oficina Anticorrupción.
Hay que aclarar que Marx está insospechado de ser kirchnerista o de tener una raíz marxista, al margen del chiste que hace años carga por su apellido. Fue negociador de la deuda externa y funcionario en el Gobierno de la Alianza.
Se estima que hasta diciembre de 2017, la mitad del mandato de Macri, se habían ido 21.750 millones de dólares. El total llegó en 2018 a 45.000 millones, un número equivalente a lo que prestó el Fondo.
Mauricio Macri, Dujovne, Luis Caputo, Sturzenegger y Guido Sandleris están imputados en esta causa. Los números indican un enorme perjuicio a las cuentas nacionales. La pesquisa puede determinar si hubo errores o intenciones, una diferencia nada menor.
El propio FMI admitió el carácter político del préstamo, que por supuesto no pasó de ningún modo por debate parlamentario alguno, tal como indica la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 4, que establece que corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y que el Poder Legislativo es el encargado de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
