Mientras casi 30 colegios de la Ciudad de Buenos Aires continúan tomados en protesta contra la reforma educativa que el gobierno porteño quiere imponer de forma inconsulta, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que las tomas constituyen una “ilegalidad” y cuestionó un fallo de la jueza Elena Liberatori que definía a las tomas como un derecho constitucional e instaba al gobierno a no impulsar o avalar denuncias penales o civiles contra los estudiantes.
Garavano, en línea con las recientes declaraciones del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que los alumnos que impulsan las tomas de establecimientos educativos son un “porcentaje mínimo” y los llamó a que exploren otros “caminos de diálogo” para plantear sus diferencias con el proyecto de reforma educativa conocido como “Secundaria del futuro” porque con medidas como la toma “perjudican a decenas de miles de compañeros que deberían estar estudiando”. “Hay un montón de otras maneras de manifestar una protesta, de tratar de generar caminos de diálogo”, insistió, para luego remarcar que “la pérdida de días de clases no es el camino”.
En cuanto al fallo dicado el pasado 14 de septiembre por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori, que prohibía que el Ministerio de Educación de la Ciudad difundiera el llamado “protocolo” contra la ocupación de colegios (que sugería a los directivos denunciar en las comisarías a los alumnos que llevaran adelante esa medida de lucha), considerando que los alumnos estaban ejerciendo su “derecho constitucional”, Garavano opinó que es fue “totalmente desacertado”: “La conozco a la doctora Liberatori. Es un error. La jueza Liberatori tiene varios pronunciamientos en este sentido, en una línea que yo no comparto: me parece totalmente desacertada”.
Aunque el fallo de Liberatori prohíbe que el Gobierno impulse denuncias contra los alumnos, algunos directivos de colegios tomados han asentado denuncias por “usurpación” en la Justicia porteña. El fiscal de la Ciudad que lleva adelante algunos de esos casos, Carlos Fel Rolero Santurian, comentó durante el fin de semana que incluso los padres de los jóvenes acusados podrían ser penalmente responsables por sus hijos: “Hay que dejar en claro dos cuestiones: el delito de usurpación tiene una pena de expectativa y las personas de 16 y 17 años son imputables. Y obviamente también puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos”.
