Este sábado, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta viajó a la provincia de Chubut, donde mantuvo reuniones con autoridades de la provincia y con organizaciones de mujeres. En relación con el cuestionado dictamen del fiscal Fernando Rivarola, que definió a una violación “en manada” como un “desahogo sexual”, consideró que “es emblemático” y manifestó su esperanza de que “sirva para impulsar una verdadera transformación del Poder Judicial, en Chubut y en todas las provincias del país”. “Contar con un Poder Judicial con perspectiva de género es una de las mayores deudas que tiene aún la Argentina”, insistió.
Durante el encuentro en la Casa de Gobierno provincial, la ministra aseguró: “La resonancia mediática y política que tomó este caso demuestra que es apenas un ejemplo de un problema estructural: la falta de perspectiva de género en los Poderes Judiciales. Esto nos obliga a repensar estas estructuras: la falta de capacitación en los poderes judiciales, la ausencia de dependencias especializadas, la clara necesidad de avanzar hacia la paridad de género en los Poderes Judiciales y en los Ministerios Públicos Fiscales”. En este sentido, el caso de Chubut es representativo, ya que nunca una mujer ocupó un alto cargo en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
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“Nos espera una enorme agenda. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creemos que es vital para poder abordar integralmente las violencias por motivos de género que en todo el país los Poderes Judiciales sean aliados”, agregó la ministra. Luego invitó a repensar los estándares probatorios para los casos de violencia de género: “Muchas veces, las cuestiones dogmáticas o probatorias constituyen una excusa de los jueces y fiscales a la hora de abordar los casos de violencias de género”.
Gómez Alcorta también planteó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad: “Una de las tareas fundamentales del Poder Judicial es la vinculación con las fuerzas de seguridad. Hay que pensar cómo se combinan las primeras intervenciones en estas causas, porque esa primera intervención puede ser clave para la posterior investigación. También las áreas vinculadas al acompañamiento y asistencia a las personas en situación de violencia por motivos de género. Las cifras más o menos estables en Argentina de femicidio muestran que el 80% de las víctimas no denunciaron previamente. Tenemos que preguntarnos como Estado, cómo es que la persona que está en situación de violencia de género sostenidamente nunca acudió nosotros. Por qué entendió que ir al Poder Judicial o a la policía no le iba a servir. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Y en los casos en que sí lo hacen, el 20% que pidió ayuda igualmente fue víctima de femicidio. Otra de las cuestiones pendientes es una deuda estructural con la violencia institucional, la necesidad de tener fuerzas de seguridad con perspectiva de género”.
Respecto del Poder Judicial, consideró que “es uno de los poderes del Estado que todavía nos queda pendiente trabajar”. En su intervención, la funcionaria subrayó la urgencia de implementar cambios: “Vivimos en un sistema que produce y reproduce las violencias. El poder político es uno de los poderes que reproduce esa violencia, el poder judicial sin lugar a dudas, es otro. También tendríamos que accionar en cada una de nuestras instituciones. Este es el tiempo que nos toca vivir, para repensar todas las instituciones no porque queramos, no porque sea optativo, no porque tengamos un movimiento de mujeres dinámico que nos obliga, sino porque además como funcionarias y funcionarios tenemos esa obligación. Hemos suscripto a tratados internacionales y tenemos normas provinciales y nacionales que nos obligan a este compromiso. El tiempo es ahora. No es más adelante”.
Para terminar con su visita a la provincia, la ministra se reunió con diversas organizaciones feministas de Trelew con quienes dialogó sobre la importancia de tejer redes y escuchó las necesidades y preocupaciones que le plantearon.
