El dirigente de la CTEP Juan Grabois denunció penalmente al Presidente Mauricio Macri y a la ex titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y asociación ilícita».
Además de Macri y Lagarde, la denuncia suma al actual director interino del FMI David Lipton y «demás funcionarios del gobierno nacional y agentes de la organización financiera internacional que pudieran resultar responsables por los hechos que se describirán a continuación»
Después de recordar el mensaje del 8 de mayo de 2018 en el que Macri confirmaba el regreso al FMI, Grabois recorre los hitos del acuerdo hasta los primeros desembolsos del préstamo stand-by. A continuación explica que, según el Artítulo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las entidades de la administración nacional «no pueden formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica y que dicha ley debe indicar un mínimo de características de las operaciones de crédito».
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Aunque reconoce que el último párrafo del artículo exceptúa del cumplimiento de estos requisitos a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo von los organismos financieros internacionales, delegando así en el Ejecutivo la facultad constitucional del Congreso de contraer empréstitos, luego aclara que dicha ley «no se encuentra vigente» por haber sido sancionada antes de la reforma constitucional de 1994, que modificó las condiciones de la delegación de facultades al Ejecutivo. Por ello, la negociación de deuda sería una «atribución exclusiva» del Congreso y el acuerdo con el FMI constituiría un «abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En ese sentido también plantea que la Justicia debería declarar la «nulidad total, absoluta e insanable de los acuerdos celebrados en forma ilegal con el FMI».
En cuanto a la administración fraudulenta, sostiene que las negociaciones con el fondo constituyeron un «gigantesco fraude en perjuicio de la administración pública nacional que no podría haber sido cometido sin la participación de la señora Christine Lagarde». Luego añade que los funcionarios argentinos y extranjeros «no podía desconocer las limitaciones de la República Argentina en sus capacidades de repago» y que el acuerdo original y sus revisiones «han tenido como finalidad principal la de asegurarle a los acreedores externos privados el pago de los servicios e intereses de la deuda externa y la estabilidad cambiaria, es decir, asegurar la fuga de capitales».
Por último, respecto de la asociación ilícita, sostiene que «se ha sometido a los recursos naturales de nuestro país como garantía de pago de la deuda, renunciando a la inmunidad soberana del Estado sobre los bienes de su dominio privado, todo lo cual compromete la independencia económica de nuestro país». Y denuncia que el acuerdo y sus revisiones «no han tenido otra finalidad que la de contribuir a la reelección del actual gobierno con una estabilidad ficticia y temporal del mercado cambiario con el enorme costo en términos económicos y de soberanía política que ya hemos detallado». En este punto, Grabois define como jefes de la asociación ilícita a Macri y Lagarde y a «las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina» como sus organizadores.
En un acto frente al Banco Central en el que anticipó la presentación de la denuncia, Grabois concluyó: «Los ladrones de guante blanco se afanaron 13.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar los argentinos. Son parte de la deuda contraída con el FMI y que se destinó a financiar la campaña electoral, creando una bomba económica para estabilizar el dólar hasta después de las elecciones».
