El procesamiento de la senadora Cristina Kirchner por parte del juez federal Claudio Bonadio tuvo eco en la organización internacional de derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), quien no dudó en criticar la decisión del magistrado.
HRW indicó que la prisión preventiva «debe imponerse como último recurso», y sostuvo que no estaba justificada en el caso de los seis imputados a los que Bonadio ordenó arrestar, entre ellos, la ex presidenta, Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
«La Justicia debería revertir de inmediato esta decisión», manifestó HRW. «El procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por traición a la patria y encubrimiento no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos», señaló la organización en un comunicado.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó además que, aun si el acuerdo con Irán ofreció escasas posibilidades de justicia, «procesar por ‘traición a la patria’ a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional».
Asimismo, señaló: «Los familiares de las víctimas del atentado terrorista en la AMIA merecen que los responsables de este nefasto crimen sean enjuiciados y castigados. Sin embargo, en lugar de facilitar justicia para las víctimas, este procesamiento descabellado socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA».
Abogados de la organización analizaron las 419 páginas de la decisión del juez y concluyeron que «los argumentos de fondo del procesamiento parecen sumamente endebles». Bonadio, indicaron, proporcionó «escasas pruebas» que respalden la denuncia de que el acuerdo podría haber provocado el levantamiento de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los acusados iraníes, un punto clave. Ronald Noble, secretario General de Interpol entre 2000 y 2014, dijo varias veces que las alertas se mantuvieron tras la firma del memorando.
