El fiscal Claudio Navas Rial impulsó este viernes la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno por el contrabando de armamento a la dictadura de Jeanine Áñez en Bolivia y enumeró como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).
Navas Rial imputó por el posible delito de «contrabando agravado» y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso.
En un dictamen entregado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, el fiscal dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del gobierno nacional.
Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.
La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.
El envío del material antitumultos, para uso represivo en el marco de protestas, tuvo lugar en simultáneo con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Los exfuncionarios, ahora imputados, negaron públicamente las acusaciones. «Todos sabemos que la denuncia de Bolivia es muy poco seria: desmiento categóricamente las acusaciones«. «Lo que pasó en Bolivia lo vimos todos: hubo un estallido social, una situación muy delicada con violencia en las calles, en la que decidimos que teníamos que ayudar a nuestra Embajada», lanzó el expresidente Mauricio Macri.
Y concluyó: «No es creíble lo que dicen: no entiendo por qué elementos que debería tener Gendarmería en la Embajada estarían en un galpón… ¿por qué vamos a creer que esos pertrechos existían y en ese lugar?».
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