Mientras la economía continúa en plena debacle, con aumento de la inflación, desempleo y pobreza, las protestas sociales en las calles se multiplan. Tal como dan cuenta los monitoreos de la consultora Diagnóstico Político, en octubre 473 cortes de calle y en lo que va de 2018 hubo 4.927, un 18% más que en igual período de 2017 (4.179).
En el último mes, los reclamos se concentraron en la provincia de Buenos Aires (101), la Ciudad (80) y luego en Santa Fe (30), Misiones (25) y Neuquén (24). En este escenario, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma al Código Penal que incluye nuevas y mayores sanciones contra quienes corten calles.
También, la iniciativa distingue la conducta de quien emplea cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un medio de transporte público de la conducta de quien realiza esa misma conducta respecto de un medio de transporte privado. Para este último caso, si se cuenta con autorización del Estado, la conducta no constituye delito.
En este punto, se prevé una escala penal de un mes a un año de prisión para quien compeliere a otro a tomar parte en una huelga o boicot, o impidiere el ejercicio de ese derecho, o para quien ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte de un lock-out, o, a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.
La política migratoria tiene consideración en este proyecto. En ese sentido, se incorpora una figura agravada para los migrantes que utilicen documentación falsa y para aquellas personas que habiendo sido expulsados del país como consecuencia de una sentencia condenatoria judicial, incumpla con la prohibición de reingreso a la Argentina. La pena prevista para este último delito es de prisión de uno a cuatro años de prisión.
