El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, enfrenta una grave crisis de inseguridad en su provincia, originada por la deficiente implementación del Código Procesal Penal introducido en 2022. Esta reforma, aunque ambiciosa en teoría, resultó impracticable en la gestión diaria debido a la falta de recursos, agravando los problemas en la sociedad correntina.
Desde hace dos años, los correntinos denuncian una “puerta giratoria” de delincuentes peligrosos, mientras los casos de abuso sexual contra menores continúan en aumento. El caso Loan expuso la incapacidad de la justicia correntina para proporcionar certeza sobre el paradero de un niño desaparecido, cuya búsqueda se ha convertido en una preocupación nacional.
Desafortunadamente, las expectativas sobre el destino del pequeño Loan, de cinco años, son sombrías, especialmente considerando los numerosos incidentes extraños que ocurren en Corrientes.
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Si Loan fue víctima de una red regional de trata de personas, según la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, este delito implica «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación».
En Corrientes, hay un promedio de 2,5 denuncias por cada 100.000 habitantes que se reportan a la línea telefónica 145. La línea 145, gestionada por el Ministerio Público Fiscal en colaboración con el Ministerio de Justicia de la Nación, ha recibido más de 7.500 denuncias por trata de personas en Argentina entre enero de 2020 y mayo de 2024.
Sin embargo, en Corrientes, muchos casos no se denuncian debido al miedo y a la falta de información, a diferencia de lo que ocurre en CABA. Se estima que el número real de denuncias en la provincia gobernada por Gustavo Valdés debería ser mayor.
Hay varias denuncias sobre la policía que detiene a peligrosos delincuentes que luego son liberados debido a la incapacidad de los funcionarios judiciales para mantenerlos tras las rejas.
La indignación popular se manifestó en movilizaciones recientes donde los ciudadanos exigen respuestas sobre el paradero de Loan y piden por mayor seguridad en las calles. La mala implementación del Código Procesal Penal resultó en una creciente frustración, ya que los delincuentes detenidos son liberados rápidamente debido a la falta de capacidad de los fiscales y jueces para retenerlos.
Esta situación persiste desde mediados de 2021, pero el gobernador Gustavo Valdés tomó nota recién tres años después, al final de su mandato, y decidió enviar un proyecto de ley para endurecer el proceso penal contra delincuentes reincidentes, permitiendo a los fiscales solicitar al juez de Garantías la detención de quienes incurran en «la repetición de conductas delictivas».
Esta situación persiste desde mediados de 2021, pero el gobernador Gustavo Valdés tomó nota recién tres años después, al final de su mandato, y decidió enviar un proyecto de ley para endurecer el proceso penal contra delincuentes reincidentes, permitiendo a los fiscales solicitar al juez de Garantías la detención de quienes incurran en «la repetición de conductas delictivas».
El caso Loan, de repercusión nacional, ha explotado en la cara del gobernador Valdés y de la justicia correntina. La pandemia de inseguridad ciudadana, nunca resuelta durante sus dos mandatos, podría ser el Talón de Aquiles de un proyecto de perpetuación en el poder de Gustavo Valdés, que intenta realizar a través de su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y aspirante a sucederlo en el sillón de Ferré. A pesar de los buenos vínculos de los Valdés con la Casa Rosada, una figura política muy poderosa, Karina Milei, ha decidido inscribir a La Libertad Avanza en Corrientes para participar con candidatos propios y disputar la sucesión de Valdés.
