Los 33 intendentes del Conurbano se negaron a dar a conocer su Declaración Jurada de bienes (DDJJ), aprovechando que la ley impulsada por el vidalismo, quien suele cerrar sus acuerdos parlamentarios con los jefes comunales, los excluyó de la obligatoriedad de presentar.
A su vez, ante un requerimiento de Infobae, 14 de los 33, tampoco aceptaron dar sus DDJJ a conocimiento público. De esos 14, once pertenecen al kirchnerismo, dos son de Cambiemos y uno del Frente Renovador.
Los intendentes fueron excluidos de la ley 15.000, sancionada en 2017 por la provincia de Buenos Aires, por lo que no tienen obligación de presentar sus declaraciones ante la Justicia.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, intentó distribuir responsabilidades entre todo el arco político: “Si bien fue una iniciativa de Vidal, es una ley que votó toda la dirigencia política, entendiendo el cambio de época a partir del triunfo de Cambiemos”.
Así, los 135 jefes comunales de la provincia, que nunca estuvieron obligados a hacer público su patrimonio, bajo ninguna de las administraciones, tampoco lo harán bajo el gobierno de Vidal que amenazó con incluirlos en la ley 15.000, pero terminó cediendo a las presiones.
Las declaraciones juradas de los funcionarios tienen una parte pública que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Justicia bonaerense y otra privada, que preserva datos sensibles como los números de las cuentas bancarias o las patentes de los autos, a la que sólo pueden acceder el escribano general del Gobierno, ante requerimiento judicial, o las áreas de asuntos internos de la Policía y del Servicio Penitenciario.
A su vez, entre los intendentes que se negaron a hacer público su patrimonio se cuentan los peronistas Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Patricio Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Mario Ishii (José C. Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo), Aníbal Regueiro (Presidente Perón) y Alberto Descalzo (Ituzaingó). Por el Frente Renovador el único que rechazó la presentación fue Luis Andreotti (San Fernando) y, pese a las promesas de “transparencia” difundidas en la web de sus municipios, también hay dos intendentes de Cambiemos: Darío Kubar (General Rodríguez) y Mauricio Gómez (San Vicente).
Las exclusas de los mandatarios para rechazar la presentación de sus DDJJ fueron diversas, desde el recurso de que contienen “datos sensibles” hasta la argucia de que se está esperando la aprobación del respectivo Concejo Deliberante de la ley 15.000, pasando por la afirmación (en algunos casos falsa) de que ya había sido presentada a la AFIP, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina de Transparencia. En algún caso también se argumentó que hacer pública esa información “pone en riesgo la seguridad y la intimidad de los funcionarios municipales” o que la única forma de obtenerla era pasando a buscarla personalmente por la municipalidad.
