Con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, este martes el Gobierno Nacional confirmó la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), decisión que apuntaría a avanzar con la revisión integral del esquema de tarifas. Según se explicó, la decisión se toma en el marco de la “Emergencia Pública”.
La Emergencia Pública faculta al Poder Ejecutivo “a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.
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Como interventor del ENRE fue designado al sociólogo Federico José Basualdo Richards, quien había integrado el directorio del organismo hasta 2015. El ENARGAS quedará bajo la intervención del bioquímico Federico Bernal, quien estaba a cargo de la dirección general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).
El decreto que confirma la intervención del ENRE por 180 días explica que se “deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al Poder Ejecutivo Nacional los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante y deberá aportar la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar”.
La intervención del ENARGAS será hasta fin de año, aclarando que allí “se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de gas que sea justa y razonable”
El decreto dispone que los actuales miembros de ambos organismos quedan suspendidos en sus cargos sin goce de sueldos mientras dure la intervención. Una vez revisados los concursos de los integrantes de los directorios comenzaría el proceso de selección de reemplazantes.
