La Justicia abrió una investigación para determinar si el Gobierno Nacional violó el código electoral con la implementación de un supuesto plan de subsidios para desocupados a pocos días de las elecciones, que en realidad apuntaría a la compra de votos. También se intimó al Ministerio de Producción y Trabajo para que dé explicaciones sobre esta resolución “clandestina”.
La investigación se basa en una denuncia publicada originalmente el Ámbito Financiero, que fue tomada por Jorge Landau y otros apoderados del Frente de Todos, que también solicitaron se investigue al secretario de Empleo Fernando Prémoli, en tanto firmante de la resolución 1177. La causa está siendo llevada por la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, con intervención del fiscal Jorge Di Lello, que ya había avanzado de oficio sobre el tema. El ministro de Producción Dante Sica todavía no hizo declaraciones al respecto, pese a la intimación judicial para que presente información en un plazo de 48 horas.
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La compra de votos es un delito previsto en el artículo 139 inciso B del Código Electoral Nacional, que pena “a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada” y estipula condenas de uno a tres años de prisión.
Se sospecha que la maniobra apunta a destinar 650 millones de pesos al pago a fiscales de Juntos por el Cambio. Para cada fiscal se habrían comprometido 5 mil pesos antes del escrutinio y 5 mil pesos después, en caso de que el oficialismo lograra un triunfo. Los destinos para estos fondos ya estaban determinados en la cartera de Sica incluso antes del anuncio del programa. Más de una cuarta parte del dinero iría a Lomas de Zamora (30 mil subsidios), seguido por el municipio de San Martín y las provincia de Chaco y Formosa. Siguen Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza y Catamarca. Para Capital Federal se destinaban 10 millones de pesos, para el pago de unos 2 mil «subsidios».
Landau declaró a Ámbito Financiero: “Acá se va a investigar una compra de votos. Pero también nos llegó información de que los bonos de $ 5.000 van a remunerar el pago a fiscales y a comprometer otros cinco mil pesos si Juntos por el Cambio se impone en sus mesas. La campaña del Gobierno está llena de estas porquerías y es una carrera de obstáculos”. El apoderado del Frente de Todos también denunció que la semana pasada el oficialismo pretendió “cambiar a los responsables de la transmisión de datos desde las escuelas”.
Distintos dirigentes de la oposición venían haciéndose eco de la utilización de estos “bonos” presuntamente destinados a desocupados que iban a la compra de votos, desde el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof hasta la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien denunció en una de las presentaciones de su libro: “Con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el tema del clientelismo político. Se filmó el otro día en La Plata, una cosa muy fea, muy horrible” (haciendo alusión a un video donde un puntero que menciona al intendente Julio Garro ofrece este dinero).
Este escándalo se suma a un reciente caso similar con el intendente de Pilar Nicolás Ducoté, a quien la semana pasada la jueza Servini le prohibió utilizar el dinero del municipio para una serie de subsidios que también estarían siendo utilizados para la compra de votos.
