La Justicia recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades vinculado a la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante los años 2024 y 2025. La presentación advierte además sobre la posibilidad de que dicho mecanismo haya sido replicado posteriormente en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La denuncia fue radicada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en representación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó constituirse como parte querellante en el expediente.
El escrito apunta contra exfuncionarios de la cartera judicial que actualmente cumplen funciones en la obra social de los jubilados, entre ellos la exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI, María Florencia Zicavo; el ex subsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo, Juan Cruz Montero; el abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo; y demás involucrados que surjan de la instrucción.
La acusación requiere investigar la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y probables inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales. No obstante, la presentación aclara expresamente que se trata de hechos a investigar y no de afirmaciones de culpabilidad.
El eje central del planteo hace foco en las desvinculaciones del personal contratado a través del ente cooperador ACARA. De acuerdo con el escrito, aunque la normativa establecía acuerdos de extinción laboral ante escribano, en los hechos se habrían ejecutado homologaciones masivas en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) con patrocinio de letrados particulares. Esta modalidad habría generado el cobro de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial, al tiempo que diversos testimonios señalan que los trabajadores no habrían elegido libremente a su representación legal.
Asimismo, la denuncia fundamenta la existencia de presuntos vínculos societarios entre algunos de los imputados, cuestiona la falta de respuesta a pedidos de acceso a la información pública —sobre los cuales pesa una sentencia judicial que ordena entregar la documentación— y remarca supuestas inconsistencias patrimoniales, además del uso de un vehículo perteneciente a una firma proveedora del Estado.
Ante este panorama, la presentación solicitó al juzgado interviniente un conjunto de medidas de prueba que incluye requerimientos de información a diversos organismos nacionales, citaciones testimoniales y el análisis exhaustivo de registros patrimoniales y societarios de los denunciados.
