A la detención de dos personas, y las órdenes de detención de otras nueve, por publicaciones en sus redes sociales, se suman causas penales abiertas contra seis comuneras del pequeño pueblo de Caspalá acusadas por daños, robo y usurpación por haber movido unas piedras de una cancha en disputa, y la notificación a 21 integrantes del Malón de la Paz de que se está pidiendo que los juzgue por homicidio culposo.
La primera semana de enero finalizó con dos detenidos, Nahuel Morandini y Roque Villegas, por twittear respecto a un rumor sobre la vida privada de Morales. Su esposa Tulia Snopek, también mencionada en estos posteos, hizo una denuncia pidiendo «la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas y, falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente».
El fiscal penal Walter Rondón inició una investigación penal preparatoria en la que ya identificó a Morandini y Villegas, pero en la que también están involucradas otras nueve personas sobre las que ya pesan órdenes de detención. Las pruebas de la imputación son únicamente un mensaje en X (ex Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas.
Morandini y Villegas fueron detenidos el jueves último. El viernes, en la audiencia formal de imputación el juez de Control Roberto Assef ordenó que cumplieran prisión preventiva por 60 días. La misma noche del viernes fueron trasladados a la Unidad Penal N °1, pabellón 2, de Gorriti, donde se encuentran aislados y recién podrán recibir visitas el próximo martes. Hasta ahora solo pudieron comunicarse por teléfono con la familia.
Sus familiares, y organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos que les acompañan, realizarán hoy una conferencia de prensa para exigir su «inmediata liberación» y «garantías de libertad de expresión en Jujuy”.
Por otra parte, desde el mismo viernes se vienen susmando otros hechos que tienen de denominador común investigaciones del Ministerio Público de la Acusación contra opositores al gobierno provincial.
La abogada Mariana Vargas representante del SEOM pidió que se les permita presentarse para conocer la imputación en su contra y que la investigación continúe con estas personas en libertad.
También en esa jornada, a 250 kilómetros de la capital jujeña, en el pueblo de Caspalá, el gobierno avanzó contra comumeros y comuneras que defienden una cancha comunitaria donde la Provincia pretende construir una escuela, a pesar de que la comunidad ya había destinado otro predio para este fin.
La abogada Silvana Llanés, que asiste a la Comunidad, informó que informó en la Justicia Federal que «la policía ingresó en la madrugada al predio retirando carteles». Sostuvo que esto desmuestra que el mismo gobierno viene «violando la medida cautelar». «Acá hay un amedrentamiento permanente», razonó. Y adelantó que pedirá una prórroga de la citación.
Por otro lado, el mismo viernes el mismo fiscal Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N° 1, notificó a 21 referentes indígenas que participaron en el Tercer Malón de la Paz de su petición para que se fije fecha para juzgarlos por “homicidio culposo”, acusación que les atribuye por la muerte de una mujer que se descompensó en un corte de ruta y que falleció a pesar de que se permitió su traslado a un centro sanitario.
