Después de que el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, denunciara este jueves a funcionarios nacionales por la entrega ilegal de tierras públicas y privadas a integrantes del Movimiento Evita en la provincia norteña, el Gobierno intercedió en la disputa para desmentirlo y la propia organización lanzó un comunicado como respuesta.
El mandatario provincial acusó a los funcionarios de “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales”, emitir “instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados”. Además, sostuvo que esto se llevó a cabo por medio de la emisión de documentos “sin respaldo” en los que se menciona a un listado de “supuesto poseedores tradicionales”.
Lamentablemente, tras esta maniobra irregular e ilegal, se repartieron a 63 militantes un total de 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una Reserva Provincial, algo que es inaceptable y muy grave. https://t.co/RtXlWAMzCG
— Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 28, 2022
El eje en discusión son 23 mil hectáreas de Palma Sola, un municipio protegido como zona de influencia del Parque Nacional Calilegua. En 2016, el Concejo Deliberante votó la ordenanza 153, de avanzada, que declaró área campesina al sector rural “como ámbito donde se territorializan los modos de vida”. El artículo 4° estableció hacer ordenamiento territorial, ambiental y tenencia de la tierra. Y el artículo 5°, un censo. En 2021 y 2022, el ministerio hizo el censo a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. Inició la tarea demorada por el macrismo que desmanteló sus delegaciones jujeñas y luego por la pandemia. En abril de este año terminó la primera parte del trabajo durante el cual hubo visitas in situ a cada finca, encuestas, registro de antecedentes y de años de ocupación y relevamiento de producción. Uno de los problemas.
En ese sentido, la Secretaría de Agricultura Familiar contó 63 puestos con unas 100 familias distribuidas en 18 parajes que producen todo y variado: carne, verduras y frutas como maní, tomate, palta. El 19 de abril se hizo un acto. Cada familia recibió una carpeta con cartografía del lugar donde vive y un listado donde está su nombre, domicilio y antigüedad en el puesto. Eso es todo lo que ocurrió. “Un reconocimiento de la situación fáctica en la que se encuentra cada familia sin afectar derechos de terceros”, según explica una fuente del ministerio a Página 12.
“No se registra ni se publica una situación de dominio, se constata un hecho. No más”, agrega. Todo está inscripto en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Nº 27.118, a la que la provincia de Jujuy adhirió por ley Nº 5.864, el marco internacional de los Derechos Humanos, y la Ordenanza 153/16 de Palma Sola. Así, no es una posesión ni título, pero abre las puertas para que cada quien formalice un tipo de existencia situada y reconocida por una de las ventana del Estado no sólo para un posible pedido de tenencia sobre el suelo sino también para acceder a cosas como créditos bancarios para mejorar la producción y aquello que hacen.
En ese sentido, el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente de la agrupación social, Fernando “Chino” Navarro defendió la cesión de los terrenos. “Allí las familias campesinas que ocupan y trabajan esas tierras hace más de 20 años necesitan un reconocimiento del Estado para asegurar el derecho al arraigo”, aseguró.
Es una mentira absoluta lo de @GerardoMorales. Funcionarios de Agricultura entregaron certificados de posesión a agricultores familiares que están ahí hace 20 años, porque así se votó en una ordenanza en el municipio radical de Palma Sola. @pabloduggan@Radio10
— Chino Navarro (@chino_navarrook) April 29, 2022
A través de una serie de publicaciones en Twitter, Navarro apuntó contra el gobernador Morales y aseguró: “El Estado nacional con presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad y el Presidente del Concejo Deliberante, en el marco de la ley provincial º5864 relevó in situ con el fin de recabar información sobre la vivienda de las familias productoras y agrícolas”.
De este modo, Navarro continuó con críticas a los medios de comunicación que difundieron la falsa denuncia. “Estas mentiras de las que se hacen eco medios como Clarín, La Nación e Infobae ya sabemos como termina”, dijo el funcionario parlamentario, y agregó: “Seguramente el sistema de justicia jujeño, compuesto en su mayoría por ex funcionarios radicales, negaran el derecho a la tierra y a una vida digna de esas familias”.
“Resumiendo: ¿Qué se hizo?”, se preguntó Navarro, y contestó: “Se relevó en el marco de una ordenanza municipal y ley provincial. ¿Para qué? Ayudar a las familias campesinas en reconocimiento de la posesión veinteñal de la tierra. ¿Qué hizo Gerardo Morales? ? Mentir con alcance nacional para negarles ese derecho”.
Contra Morales, Navarro dijo: “Gerardo Morales un político que en lo institucional apuesta a la gobernabilidad solo porque es gobernador, pero que en Jujuy en lo económico-social despliega políticas de persecución, hambre y encarcelamiento a los dirigentes populares que pueden construir poder popular”.
Por su parte el Movimiento Evita también lanzó un largo comunicado con las explicaciones a las acusaciones:
