El fundador de WikiLeaks podrá apelar ante la Corte Suprema británica por su el pedido de extradición cursado desde Estados Unidos, donde lo acusan por 18 delitos de espionaje y piratería informática.
Los jueces Ian Burnett y Tim Holroyde dieron curso al reclamo de la defensa de Assange que plantea que existe un aspecto legal del caso del periodista que está en condiciones de ser examinado por la máxima instancia judicial del país.
Por eso el tribunal británico autorizó al australiano Julian Assange a recurrir ante el Supremo su extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por 18 delitos, vinculados a su actividad como fundador de WikiLeaks. El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no.
Son los mismos jueces que el pasado 10 de diciembre autorizaron la entrega del periodista al dar por válido un recurso de EE.UU. en un proceso de apelación, quienes ahora reconocen en su fallo la posibilidad de revisión en la máxima instancia judicial británica.
Si la Corte admitiera el caso, debería estudiar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense.
Los jueces entienden que este recurso de Assange no debería ser admitido, pero ya que el Supremo nunca se pronunció sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo. La defensa del fundador de Assange ya se había presentado una queja en octubre porque Estados Unidos había presentado «fuera de tiempo» las salvaguardas para proteger a su cliente.
Diversas entidades como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras (RSF), destacaron positivamente esta nueva posibilidad de apelación para el periodista que lleva más de 1.000 días encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh.
Desde RSF señalaron que el caso de Assange tiene un significado histórico, que «tendrá implicaciones para el periodismo y la libertad de prensa durante muchos años».
«Es de vital importancia que este caso sea revisado por el más alto tribunal en Reino Unido, por lo que esperamos que la Corte Suprema acepte esta apelación», agregó Rebecca Vincent, la directora de RSF en Reino Unido frente a los tribunales .
«La situación de Julian Assange es urgente, tenemos serias preocupaciones respecto a su salud y bienestar. Los problemas mentales de larga data están ampliamente documentados. También estamos preocupados por su salud física, sobre todo sabiendo lo que sabemos ahora sobre los numerosos ACV que tuvo en octubre pasado y el registro sobre el aumento de casos de coronavirus en la prisión en este momento», explicó.
«Llamamos una vez más a la gestión del presidente estadounidense, Joe Biden, a retirar los cargos, a que cierre el caso de una vez por todas. Este proceso judicial no debe continuar y está en las manos del Gobierno de Estados Unidos frenarlo», sostuvo.
Asimismo, agregó que Assange «no está a salvo, a menos que sea inmediatamente liberado», y aseguró que la organización continuará con la campaña su liberación.
En consonancia con Vincent, la FIP remarcó: «Exigimos sin cesar la liberación inmediata de Assange en nombre de la libertad de prensa.»
El último 10 de diciembre, el Tribunal Superior aceptó el recuro de Washington contra el fallo de enero de la jueza Vanessa Baraitser, donde se denegaba la extradición de Assange al considerar que presenta riesgo de suicidio.
Burnett y Holroyde señalaron en ese momento que, antes de pronunciar su dictamen, Baraitser debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
El fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., dijo durante el juicio en octubre que si es extraditado Assange no será sometido a «medidas administrativas especiales» (SAM, en inglés) como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de máxima seguridad- en Colorado, salvo que hiciera algo para merecerlo.
Assange está frente a una condena de hasta 175 años de prisión si es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por 17 cargos de violación de la ley de Espionaje de 1917 y uno de supuesta piratería informática.
Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 «cables sin editar» del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.
