La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reactiva el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a través del análisis de expedientes sobre «abuso de poder» por parte del ministro Carlos Rosenkrantz por no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio particular.
La comisión, que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se reunirá después del mediodía de este martes en el edificio anexo de la Cámara baja y contará con la presencia invitados que expondrán sobre los expedientes que se enfocan en el polémico accionar de Rosenkrantz.
A la reunión fueron convocados el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape, y su colega Juan Alonso, por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.
A ellos se sumarán Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, y Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA contra AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
También fue invitado Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien no asistió a la última reunión. El funcionario debía explicar sobre el expediente sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.
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El proyecto que presentó el oficialismo para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema enumera una serie de causas judiciales. La principal es el fallo por la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y desencadenó la crisis entre el Gobierno y la Justicia. Pero también hay referencias directas al fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, y a la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2×1 para los delitos de lesa humanidad. Otra de las razones mencionadas involucran la situación de la obra social del Poder Judicial y los fallos que suspendieron y postergaron las elecciones en San Juan y Tucumán.
El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación y su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: «Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación». La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.
