La CGT, en pleno proceso de reunificación, se ha constituido desde diciembre de 2019 en una de las líneas de apoyo del presidente Alberto Fernández en la pulseada interna del Frente de Todos.
Lejos de ciertos cuestionamientos del Instituto Patria hacia el rumbo económico del Gobierno, distintos dirigentes sindicales de peso prefieren resaltar el perfil dialoguista que exhibe el Jefe de Estado, en contraste con el de la vicepresidenta, y la puesta en marcha de una agenda en común.
«A Alberto no se lo puede juzgar sin consideración de la pandemia, nunca vamos a poder saber como hubiese su gobierno», señala un representante gremial, que luce en su despacho una foto con el mandatario y enumera ciertas asistencias durante la pandemia, como el ATP, el IF, por ejemplo, «que evitaron el estallido social como en otros países».
Desde la calle Azopardo valoran hoy los intentos oficiales por contener la inflación, ya que las paritarias han quedado rezagadas por los constantes aumentos de precios, sobre todo de alimentos, y piden que se avance con la creación de empleo en blanco. «A mayor cantidad de trabajadores formales, hay mayor cantidad de aportes. El Gobierno ha tomado nota de lo que pedimos», señalaron. La crítica a los empresarios que elevan valores de productos «de manera indiscriminada», también está a la orden del día.
A su vez, se muestran conformes con la iniciativa del Poder Ejecutivo para la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. Desde la Casa Rosada aseguran ante este medio que es vital en los tiempos que corren contar con «la participación de los gremios en la elaboración de ciertas propuestas» como la mencionada.
El objetivo del programa, según consta en el proyecto oficial, es el de “evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable”, a partir de la creación de un órgano paritario que tendrá que implementar medidas para evitar los accidentes. El Comité deberá velar porque se cumplan las medidas de seguridad y también trabajar por la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.
Además, mientras La Cámpora mostró un video con críticas al FMI, la central sindical respaldó a través de un comunicado a Alberto en sus gestiones ante el G20 para encaminar las negociaciones con el FMI a través de “plazos y tasas justas”. Y amplió cuestionamientos a empresarios: consideró que “deben asumir la responsabilidad que les cabe y no esconderse detrás de la inasible cadena de producción” porque “siempre la culpa la tienen los otros y los aumentos de precios los pagamos los trabajadores y trabajadoras”.
Hasta el momento solo hay punto de «tensión»: los fondos de las obras sociales. En la actualidad, varias obras sociales gremiales poseen un déficit considerable y se sostienen con aportes de los propios sindicatos. De este modo, la mano del Estado es fundamental.
Lo cierto es que hubo por parte del Poder Ejecutivo, el 21 de septiembre pasado, una transferencia por 7.390 millones de pesos precisamente para las obras sociales. Pero restan todavía otros cuatro mil millones de pesos y aún no hay precisiones de la fecha de pago.
