Diputados de la Coalición Cívica denunciaron a las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por una “cartelización y aumento de precios”.
La presentación es a raíz de la «configuración de la práctica anticompetitiva prevista en el inciso a) del Artículo 2 de la Ley 27.422» de Defensa de la Competencia, por lo cual «los usuarios se verían expuestos a un potencial incremento de los precios de los planes de medicina prepaga, desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 hasta el día de la fecha», indicó la CC en su presentación.
Se trata de una «conducta legalmente considerada como absolutamente restrictiva de la competencia y que produce un perjuicio al interés económico general», advirtió.
El partido político adujo que de esa «conducta anticompetitiva habrían participado las principales sociedades que prestan el servicio referido y que, conforme declaraciones que se observan en medios de comunicación por parte de los directivos de las mismas, concentran a más de la mitad del total de los usuarios de todo el mercado de medicina prepaga en Argentina».
Puntualizaron que «producto del proceso de análisis de mercado, evaluación de las condiciones y conductas efectuadas efectivamente y nueva prueba que pueda suceder con posterioridad al inicio del sumario, podría ampliarse o modificarse el listado de empresas involucradas en la potencial cartelización».
En este sentido, solicitaron «que se analice el comportamiento de la UAS y si su reglamento o prácticas cumplen con los estándares de la CNDC respecto de este tipo de cámaras empresariales».
«Los hechos descriptos por Claudio Belocopitt denotan en forma explícita una concertación, en apariencia directa, de los precios tanto para la oferta del servicio a los usuarios, como también para la demanda a sus proveedores», plantearon.
Entonces, se planteó que «estas prácticas deben encender las luces de alerta en esta CNDC, en toda la Secretaría de Comercio y en la Superintendencia de Servicios de Salud».
Finalmente, advirtió que «la inacción, de existir, por parte de los funcionarios a cargo, supondría un incumplimiento de sus deberes y pasible de las sanciones administrativas y penales correspondientes».
