La Construcción cargó contra Dietrich, denunció obra pública impaga y pidió la «emergencia»

Después de la devaluación post PASO, numerosos sectores de la economía nacional manifestaron sus preocupaciones por la profundización de la recesión que afecta a la economía argentina ya hace casi dos años. Este martes, portavoces de distintas empresas constructoras salieron a cuestionar al Gobierno nacional por atrasos en los pagos en la obra pública y por la inexistencia de políticas específicas para el sector, uno de los mayores generadores de mano de obra e histórico motor de la reactivación económica.

La cámara que nuclea al sector, Camarco (especialmente a instancias de las sucursales del interior del país, las más afectadas por la situación), hizo pública una carta dirigida al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich pidiendo su “personal intervención” en el tema y reclamándole medidas para salvar a las contratistas. El texto arranca denunciando una “situación excepcional para la actividad de la construcción de obra pública” y continúa solicitando la “declaración de emergencia y adopción de medidas urgentes”.

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Para la construcción, el aumento del 25% del dólar después de la debacle electoral del oficialismo implicó una nueva ruptura en la cadena de pagos y la imposibilidad de acceder a buena parte de los insumos (con precios inciertos debido a las fluctuaciones de la divisa estadounidense), lo que se tradujo en una severa falta de insumos que podría desembocara en una paralización de la actividad.

“La incertidumbre genera alteraciones en los mercados, que han restringido la entrega de insumos (pues el proveedor no puede determinar el costo de reposición de lo entregado) o que proponen la entrega en cuenta corriente con precio a fijar”, explica la carta. Y añade: “Es decir que, a las ya existentes dificultades de costos incontrolables y costos financieros exorbitantes, se agregan ahora dificultades de aprovisionamiento, que tornan imposible la continuidad de las obras, constituyendo una clara situación de emergencia”.

Además del agravante que ahora plantea la devaluación, el texto denuncia la grave situación ya desde el año pasado, la imposibilidad de obtener financiamiento por las tasas imposibles y el impacto del proyecto de “déficit cero” acordado con el FMI, que se tradujo en un fuerte recorte de la obra pública. Por esto se solicita una urgente “declaración de emergencia en la ejecución de contratos de obra pública”.

El texto difundido por Camarco también detalla que gracias al ajuste fiscal “se generaban graves perjuicios los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican; indefinición de los Comitentes sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para los meses subsiguientes”. Y remata: “Todas esas circunstancias han provocado efectos gravísimos sobre las empresas contratistas”.

Para revertir esta situación se exige el “pago urgente de todo crédito a favor del contratista”, una “neutralización de los contratos sin multas ni sanciones, estableciendo un nuevo Plan de Trabajo por acuerdo de partes o se acuerde la rescisión sin culpa”, la “liquidación de las Redeterminaciones de los Precios aplicable de inmediato” y la «revisión de los precios contractuales de la obra pendiente de ejecución, en forma analítica, a valores vigentes en el momento en que se normalice la situación de los mercados”.

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