El Máximo tribunal dio a conocer cuál será su hoja de ruta para el primer semestre. Habrá exposición de partes en temas de interés público: cannabis, derecho al olvido e inmobiliarias.
La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para tratar el pedido de bloqueo de información disponible en internet, por relacionarse con la privacidad de una persona por hechos ocurridos en el pasado. El llamado «derecho al olvido» refiere a la posibilidad de borrar de las bases de información datos personales que hayan sido recogidos en el pasado con una finalidad determinada pero que ya no sean necesarios. Apunta sobre todo a información crediticia, pero también a cuestiones relacionadas con la intimidad y a la imagen.
En el cronograma fijado por la Corte también aparece el cannabis medicinal y la exigencia de que una persona deba «someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales». También abordarán el cuestionamiento a la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.
Entre otros temas, otro de los temas que pasará por audiencias públicas es la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción «junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada».
El último caso que pasará por audiencias públicas es el análisis «de los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria». Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión.
Se encuentra, por tanto, en debate, si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reguló por Acordada 30/2007 la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. A través de ellas, busca garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción. Desde su implementación, la Corte ha convocado a 37 audiencias públicas en diversos casos de interés general.
