Las múltiples causas judiciales que pesan sobre Carlos Menem, como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, la condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos, entre otras, deberán ser definidas por la Corte Suprema este año.
Mientras la defensa del actual senador por La Rioja reclama por «el derecho a ser juzgado en un plazo razonable», ya que las investigaciones de actos de su gobierno datan de 30 años atrás, en este 2019 el ex mandatario podría enfrentar un pedido de condena de cuatro años de prisión que hizo la fiscal Gabriela Baigún y la querella del Gobierno contra Menem por haber vendido en 1991 el predio de la Rural a un precio más bajo que el de mercado.
Por otro lado, se debe definir su papel en el encubrimiento al atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 terminó con la vida de 85 personas, una investigación en la que Menem está acusado de haber desviado la pista siria en las jornadas posteriores al atentado.
Ya el máximo tribunal de justicia tomó algunas decisiones relevantes sobre Menem: instó a resolver, durante 2017 y sobre el tráfico de armas, a una sala de Casación a revisar la condena de Menem porque no había tenido lo que se llama un doble conforme, es decir, la obligación de que un segundo tribunal revisara y respaldara el veredicto anterior. En esa resolución también advirtió que debía emitirse un fallo urgente, atento al tiempo que llevaba la causa.
A raíz de esa decisión de la CSJN, Casación decidió que había que absolver al ex presidente y al resto de los implicados por el paso del tiempo. Según señalaron los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, «los hechos juzgados datan de los años 1991 y 1995 y llegado el último tramo del año 2018 aún no ha recaído sentencia firme. Es decir que tomado de su extremo han transcurrido más de 25 años –que es más del doble de tiempo, por ejemplo, de la prescripción de un homicidio- sin que las autoridades estatales hayan emitido un pronunciamiento definitivo sobre el asunto sometido a su conocimiento».
Esto «afecta las garantías del derecho de defensa a ser juzgados en un tiempo lógico y por lo tanto todos los implicados debían ser absueltos». El tercer juez a cargo de la pesquisa, Carlos Mahiques, opinó que los plazos no estaban vencidos, pero que no había pruebas para condenar a Menem.
Finalmente, la sentencia sobre la investigación recaerá en la CSJN. Una causa que, vale destacar, se inició en 1995 por la firma de tres decretos presidenciales entre 1991 y 1994 para venderle 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela. Pero el destino final fue Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía una prohibición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para venderles armamentos porque estaban en guerra.
