La Corte Suprema ya dispone de un temario de casos a analizar en 2019, varios de sensibilidad para el Gobierno como un planteo de inconstitucionalidad que realizó el diputado Felipe Solá respecto del decreto presidencial que habilitó a familiares de funcionarios a blanquear dinero.
En noviembre de 2016 por decreto se modificó la ley de sinceramiento fiscal para que permitir que los parientes de funcionarios públicos (cónyuges, padres e hijos) pudieran entrar al blanqueo de capitales. Sobre este punto, la Corte debe, primero, decidir si reconoce la legitimación del planteo del legislador del PJ para llevar adelante esa demanda.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo lo respaldó, pero el Gobierno volvió a objetarlo y el caso terminó en la CSJN. «El blanqueo de familiares es una amnistía a los funcionarios que usaron a sus padres, hijos o cónyuges para ocultar el delito de tener plata o bienes no declarados. Después de idas y vueltas la Corte confirmó que tratará mi denuncia contra Macri por el decreto que lo habilita», escribió el dirigente justicialista en su cuenta de Twitter.
El blanqueo de familiares es una amnistía a los funcionarios que usaron a sus padres, hijos o cónyuges para ocultar el delito de tener plata o bienes no declarados.
Después de idas y vueltas la Corte confirmó que tratará mi denuncia contra Macri por el decreto que lo habilita.
— Felipe Solá (@felipe_sola) 27 de febrero de 2019
También el máximo tribunal tratará el pedido de invalidez presentado por la alianza Cambiemos sobre el plesbicito realizado en la provincia de La Rioja, que permitió que el gobernador Sergio Casas se presente a elecciones para acceder a un tercer mandato. El actual mandatario fue vice en el período anterior (2011-2015) y la constitución local le impide que se vuelva a presentar. Por eso decidió reformarla y avalar el cambio con la consulta popular.
La Rioja: Casas convocó a elecciones provinciales para el 12 de mayo
En agenda de la CSJN, además figura la exención del pago del impuesto a las Ganancias a los jubilados y la extensión de los beneficios del «caso Badaro» en una causa que reclama el recálculo de los haberes
