La Comisión Provincial de la Memoria (CPM), organismo presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunció una «campaña sucia para desprestigiarlo» luego de que desde varios medios se cuestionara como un «ataque a la libertad de prensa» el informe que le presentaron al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sobre los documentos vinculados al caso D´Alessio.
Durante meses la CPM analizó los documentos y mensajes encontrados en los teléfonos y computadoras incautados al falso abogado Marcelo D´Alessio, con un meticuloso trabajo de entrecruzamiento de datos, fechas y contenidos. En su informe, aparecen mencionados numerosos periodistas con los que D´Alessio tenía contacto, lo que fue leído por un sector de los medios como un «ataque a la libertad de prensa».
Pérez Esquivel explicó: “Hay mucha hipocresía en esto. Siempre defendimos la libertad de prensa, hemos defendido a periodistas frente al avasallamiento de sus derechos. Pero no hay que confundir libertad de prensa con delito. Los delitos deben ser investigados y quien debe investigar es el juez”. Luego remarcó que el trabajo de la CPM fue esencialmente técnico y agregó: «Llevamos veinte años de experiencia de analizar archivos. El juez Padilla no pidió hacer un análisis de la documentación secuestrada a D’Alessio”.
Ramos Padilla procesó a Santoro por “coacción y extorsión en grado de tentativa”
Lejos de constituir un “ataque al periodismo”, la investigación de la CPM muestra a las claras la manipulación y falsificación de reportes de inteligencia (de Estados Unidos y de Israel, por ejemplo) que hacía el falso abogado hoy detenido para presentarle información falsa a periodistas y extorsionar a distintos particulares.
Uno de los casos más claros es el de la llamada “mafia de los contenedores”, donde D’Alessio falsificó informes con membretes de la embajada de Estados Unidos e Israel para luego proponerle notas a distintos periodistas sobre este material, que se complementaba con distintas tareas de espionaje ilegal como datos del sistema de Migraciones o fotos de las casas o de los propios acusados. En este caso, D´Alessio utilizó estos informes falsificados y sus repercusiones periodísticas para extorsionar al despachante Gabriel Traficante.
Según la CPM, los objetivos de las operaciones de D´Alessio eran: Extorsionar a los supuestos imputados, influenciar a la opinión pública en contra de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner e incidir en las causas judiciales, a través de aprietes a “arrepentidos” o direccionamiento de sus declaraciones.
Otro caso donde se aprecian los vínculos turbios que D´Alessio establecía con algunos periodistas es el intento de extorsión al empresario Mario Cifuentes, dueño de la empresa de servicios petroleros OPS, que denuncia que el falso abogado le pidió más de un millón de dólares para “arreglar” su situación con la Afip, chantajeándolo con ponerlo en el centro de un escándalo periodístico y judicial. Para el juez Ramos Padilla, el periodista de Clarín Daniel Santoro habría colaborado con este intento de extorsión, mencionando durante dos días consecutivos a OPS en sus intervenciones en el programa Animales Sueltos, por lo que fue procesado en la causa.
El análisis de los documentos en poder de D´Alessio exponen también vínculos posibles con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y acceso a información privada en bases de datos de Migraciones o AFIP, que se utilizaba como insumos para las extorsiones.
