Qué hay detrás de la suspensión de la indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El movimiento de pinzas en el que quedó atrapado el juez Martín Bava, acorralado entre la defensa y el fiscal Juan Pablo Curi. Cómo sigue la causa.
La estrategia de Mauricio Macri estuvo clara desde el principio, primero con los dos faltazos a las fechas uno y dos de las indagatorias. La que iba a ser la tercera, en contra del dicho popular, tampoco fue la vencida y la jornada en Dolores estuvo marcada por la hojarasca de la discusión de si hubo o no micros, si los controles en la ruta impidieron llegar a los militantes o si correspondía relevar del secreto en materia de inteligencia para que el expresidente pueda declarar.
Ganar tiempo es, en muchas causas judiciales, la clave del éxito temporal de los abogados, sobre todo si el indagado tiene temor de ser procesado tras ese primer acto de defensa. Pero más aún si hay conciencia plena acerca de la culpabilidad de los delitos por los cuales su nombre aparece en un escrito judicial.
Es el caso de Macri, a quien el juez Martín Bava no pudo indagar porque apenas comenzado el acto procesal, el abogado Pablo Lanusse pidió la suspensión porque su cliente no estaba expresamente eximido del deber de guardar secreto en materia de inteligencia.
El acta de la fallida indagatoria es bien claro al respecto, porque señala: “Acto seguido, la defensa solicita se suspenda el acto atento que considera que el relevamiento del secreto obrante en la ley 25.520, lo debe realizar debidamente el actual Presidente de la Nación”. Frente al planteo de Lanusse (fiscal en la década del 90 y funcionario del primer gobierno kirchnerista), el juez Bava quiso tener la mirada del fiscal Curi, que no le dejó más opción al juez que guardar las preguntas para otra ocasión: “Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el mismo coincidió con el planteo realizado por la defensa”. Fin del capítulo 3, pared entre Lanusse y Curi, centro al área y gol de Mauricio.
Tiempo de dilación 1 – Avance de la Causa 0.
—
La gran pregunta que recorrió la jornada es si efectivamente el juez Martín Bava debía pedir con antelación el relevamiento del secreto y a quién se lo debía solicitar. La respuesta se puede encontrar fácilmente en el título del día, posterior a la fallida indagatoria. El decreto que firmó Alberto Fernández, justo antes de viajar a Europa, pareciera que era la solución. Pero es sabido que en derecho hay al menos dos bibliotecas y no hay unanimidad en torno a que fuera solamente el «permiso» del Presidente el que podía autorizar a Macri a declarar.
OPCIÓN 1: Están quienes plantean, como lo hizo la abogada Graciana Peñafort en un hilo de Twitter, que el juez no podía saber qué iba a declarar Macri y no podía adelantarse. Es cierto que en una indagatoria, alguien puede mentir, negarse a declarar o desconocer las tareas de inteligencia. Pero, perdón la ironía, a Macri no lo citaron a indagatoria para qué opine sobre como está jugando Boca: lo llamaron porque hay indicios suficientes para entender que hubo espionaje ilegal, en una causa en la que ya están procesados agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y los propios ex directores del organismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En ese sentido no es un detalle menor, que ni por los agentes ni por Arribas y Majdalani hubo pedido de relevamiento del secreto.
Si el juez lo llama a Macri, con la idea de que el expresidente fue quien ordenó ejecutar esas maniobras, no se entiende el criterio de pedir el relevamiento en un caso sí y en los otros no.
OPCIÓN 2: Otra lectura es que el juez Bava bien pudo avanzar con la indagatoria, aún sin el decreto presidencial, garantizando la estricta reserva de la declaración de Macri, entendiendo que el expresidente estaba ante un magistrado y no ante una tribuna mediática. En principio, Macri debía enterarse de parte del propio juez los hechos que se le imputan, eso es también la indagatoria. Y no había en esa requisitoria ninguna razón que pudiera invocarse en torno la seguridad interior o a la defensa nacional, que sí hubiesen comprometido secretos de Estado.
Pero cuando miró para el costado, Bava se encontró al fiscal Curi jugando de memoria con la defensa encabezada por Lanusse y le cantaron truco con un, digamos, 4 de copas.
Ahora, con el decreto de Alberto detallando que «la causa investiga la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley N° 25.520», el juez dispone del instrumento que le faltaba, no queda claro si por error u omisión deliberada.
En el decreto se dice que «estando imputado el ingeniero Mauricio Macri de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente».
Habrá una nueva fecha de indagatoria, Macri deberá volver a Dolores y si eso se concreta, el juez puede disponer de hasta 10 días para decidir un eventual procesamiento. Si se repitiera el jueves, sería 4 de noviembre. El 14 son las elecciones legislativas, justo los 10 días en los que el juez va a estar mirado con lupa, pensando en que cualquier acción será vinculada a la agenda electoral, donde Macri no es candidato.
Por eso lo de ganar tiempo, que casi siempre es importante para las defensas, en este caso es crucial. Si la línea de la causa no se desvía, sortea las chicanas, las maniobras dilatorias y los errores no forzados del propio juez, todo indica que Macri será procesado.
La lectura de la oportunidad temporal de ese hecho, deja este partido abierto, con resultado incierto y la demanda de justicia de los familiares de las víctimas esperando, como tantas veces, que la balanza tenga solo los pesos necesarios.
