La interventora de la AFI le respondió al juez de Dolores por el espionaje ilegal macrista

Cristina Caamaño, le dijo por escrito al juez federal de Dolores, Martín Bava, que el presidente de la Nación es quien fija la política de Inteligencia y la Agencia, sobre esa base, “diseña y ejecuta los programas”. Fue un escrito, tras el pedido de la defensa de Mauricio Macri, para que declare como testigo.

La defensa del expresidente propuso, entre otras medidas de prueba, la declaración testimonial de Caamaño, a quien preguntó sobre la participación del Presidente en la Política de Inteligencia Nacional y en la ejecución del Plan de Inteligencia.

Es en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, hechos ocurridos durante 2017 y 2018, tras la desaparición del submarino en su viaje desde Ushuaia a Mar del Plata.

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Caamaño se limitó a explicar, de manera formal, que esos roles están determinados por la Ley 25.520 (de Inteligencia Nacional) y precisó que las respuestas están contenidas en los artículos 12 y 13.

La Ley determina que “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional” y conforme a ello, la AFI tiene como función “formular el Plan de Inteligencia Nacional y diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de inteligencia inscritos en el Plan de Inteligencia Nacional”.

Además, la AFI tiene como tarea específica “planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de la Inteligencia Nacional y de la Contrainteligencia”.

La interventora de la AFI también respondió el cuestionario del fiscal Juan Pablo Curi y del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas, procesado en el marco de la misma causa.

El fiscal quiso saber también sobre la relación de la AFI con la Casa Militar de la Presidencia, habida cuenta de los viajes anticipados a los destinos del interior que visitaba el jefe del Estado para garantizar su seguridad.

Caamaño informó que se halló una resolución de carácter secreto que establecía las funciones de esa dependencia en relación con la colaboración mutua para la seguridad presidencial.

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