La decisión fue adoptada por el Juez Víctor Rodolfo Trionfetti, quien dio por incumplida la medida cautelar y ordenó el embargo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de 120 mil pesos.
Luego de reiteradas intimaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad para que otorgue el monto económico necesario para que una persona mayor en situación de calle pueda acceder a una vivienda en alquiler, la Justicia ordenó el embargo.
El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, manifestó: «En la medida cautelar se reconoció que la política del GCBA de hacinar personas mayores en Centros de Inclusión tercerizados no respeta el derecho a una vivienda digna», señaló.
En este sentido, manifestó: «La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en Crisis Habitacional que no es ninguna novedad. Uno de los problemas acuciantes, en el marco de dicha crisis, es la situación de las personas mayores que no tienen trabajo y no son propietarios de una vivienda, y la jubilación no les alcanza para acceder a una vivienda en alquiler o incluso que no tienen jubilación. El GCBA adoptó como política hacinar a las personas mayores en hoteles o galpones llamados Centros de Inclusión Social. La política es contratar con una Asociación Civil o Fundación quién se encarga de gestionar el hotel o inquilinato a cambio de una contraprestación otorgada por el GCBA por persona», explicó.
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La Convención Interamericana Sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con rango constitucional, indica que se debe «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad cuestionan los Centros de Inclusión Social donde se alojan las personas mayores: «Es un programa que no permite a la persona mayor elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Viven hacinados en una habitación siendo forzados a convivir con quienes el GCBA impone. Los reglamentos y pautas de estos Centros de Inclusión Social obligan a las personas mayores a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Estas condiciones implican una clara violación a la Convención», argumentan.
