La Justicia impide que la Ciudad venda terrenos de la Costanera para construir torres de lujo

Un fallo de la Justicia, firmado por el juez Guillermo Martín Scheibler, impide que la Ciudad avance con un convenio urbanístico con IRSA para construir torres de lujo en la Costanera sur, en la ex ciudad deportiva de Boca.

Scheibler aceptó un amparo que solicitaba un informe sobre el impacto ambiental y una audiencia pública obligatoria exigida por la Constitución de la Ciudad antes de la aprobación del proyecto, que el oficialismo pretendía debatir este jueves, algo que no sucederá. De este modo, el Parlamento solo discutirá el proyecto de rezonificación que impulsa San Lorenzo para volver a construir el estadio en Boedo.

Dicho amparo fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de ingeniería comunitaria y otras organizaciones de la sociedad civil que reconocen en el fallo del juez una sentencia histórica. “El Juez Scheibler enaltece la democracia ambiental para estar a la altura del desafío de la crisis climática” dijo el Dr. Jonathan Baldiviezo, fundador del Observatorio.

Sobre este tema, el presidente del bloque que responde a Horacio Rodríguez Larreta, Diego García Vilas, expresó en Twitter: «Es muy peligroso que un juez pretenda indicarnos a los miembros de la @legiscaba qué podemos votar y qué no. Constituye un pésimo antecedente para el Estado de Derecho y atenta contra un principio básico de la democracia: la división de poderes».

Vale destacar que el convenio entre el GCBA y el Grupo IRSA establece la construcción de edificios de lujo en Costanera Sur. El emprendimiento ya tiene nombre: se denominará Costa Urbana y contempla el armado de torres, centros comerciales, hoteles, oficinas y diversos canales de agua en un predio lindero a la avenida Costanera Sur. A su vez, incluirá una laguna interna.

La legisladora Amanda Martín (FIT), ante Informe Político, recalca que se pretende «crear un Puerto Madero 2» y al igual que el Frente de Todos se van a oponer «porque se trata de un negociado gigantesco en favor de la constructora cuando las necesidades habitacionales de la población son inmensas. IRSA se hizo de los terrenos a un precio regalado y la rezonificación significará una revaluación de esos terrenos. No hay ningún estudio de impacto ambiental y perjudicará a los vecinos de las zonas aledañas. En contraposición, nosotros presentamos un proyecto para que se expropien esos terrenos y que allí se construyan viviendas, centros culturales y deportivos, espacios verdes, en función de las consideraciones que puedan hacer investigadores, técnicos y especialistas».

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Distintas organizaciones sociales también mostraron rechazo ya que «de avanzar esta propuesta se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común».

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