Este miércoles fueron imputados Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente de Independiente, por presunto fraude contra el club en el marco de una causa que investiga un posible esquema de reventa de entradas con participación activa de la dirigencia.
La causa se encuentra en manos del juez Gabriel Vitale y el procesamiento se realizó a pedido de la fiscal Viviana Giorgi. La investigación comenzó cuando Pablo “Bebote” Álvarez y Damián Langaronne reconocieron en declaración indagatoria que los dos mil carnets de la barra brava no los pagan los “hinchas caracterizados” sino que los provee el club sin cargo, que después los hace pasar como abonados, lo mismo que los bonos para ingresar a la cancha del club. Además contaron que en la sede de la empresa Integradores SA, donde se controla el pago de la cuota social, se retiraban las entradas de favor que luego eran revendidas por la barra, generando otro interesante fondo de financiamiento. Según los declarantes, el nexo con la dirigencia de Independiente era Héctor «Yoyo» Maldonado, hombre de Moyano y tanto secretario del club como del gremio de Camioneros.
En una primer momento la fiscal Giorgi convocó a declarar a Maldonado y lo procesó como miembro de la asociación ilícita, además de pedir informes respecto de la cantidad de entradas vendidas para la semifinal y final de la Copa Sudamericana. Según la contabilidad oficial, fueron 29 mil tickets por encuentro, lo que contrasta claramente con las imágenes de un estado Libertadores de América colmado, con una presencia superior a las 50 mil personas. Esa diferencia de 20 mil entradas podría explicarse por una reventa masiva y millonaria (más de mil pesos por entrada) manejada por la barra brava. La explicación oficial de Maldonado apuntó a que la diferencia podía ser por la cantidad de gente colada en la cancha. En ese contexto, a fines de diciembre el club fue allanado.
De las declaraciones de Álvarez y Langaronne también se desprendió otra investigación, en manos del juez federal de Quilmes Luis Armella sobre posible lavado de activos, que investiga posibles cuentas en un paraíso fiscal que se gestionaban a través de un empresario gastronómico, en la que estarían involucrados otro vicepresidente del club y el Pablo Moyano.
Este marco de avances judiciales contra los referentes camioneros, de aprietes políticos y judiciales, coincidió con el anuncio por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (FEDCAM) de una marcha para el 22 de febrero por la “defensa del convenio colectivo de trabajo” de los camioneros así como por la “preservación del empleo y mejoras salariales”. La movilización todavía no tiene lugar de convocatoria, aunque se descuenta que será en el centro porteño.
El comunicado oficial de la Federación sostiene: “En un contexto económico que se muestra desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de trabajadores de diversas ramas, llamamos a una movilización en señal de protesta”. También se adelanta la oposición a la reforma laboral: “Este 2018 puede traer peores condiciones para trabajadores, necesitamos un plan de lucha independiente de las patronales para enfrentar estas nefastas recetas neoliberales”.
