Una decisión de la jueza de San Martín Martina Isabel Forns dejó sin efecto las tareas de la aerolínea low cost Fly Bondi en el aeropuerto de El Palomar por múltiples irregularidades e instó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a «continuar las obras ya iniciadas en los Hangares y todas las posteriores» en el mencionado aeropuerto.
Según consta en el trabajo realizado por la magistrada, se encontraron dos polvorines a pocos metros de la pista de aterrizaje. Puntualmente se trata de dos arsenales de municiones de guerra, uno instalado a 50 metros de la pista y otro a 100 metros.
Además, se detectó que dentro de la base militar hay una escuela técnica y está ubicada a 50 metros de la plataforma. Asimismo, no existe un cartel de obra en el lugar. Forns deja en claro que las obras de infraestructura que se pretenden hacer en la base aérea, consagrada como «sitio de la memoria» porque funcionó como Centro Clandestino de Detención y Exterminio en la última dictadura cívico militar, «pueden resultar una pérdida de importante prueba para causas penales en trámite» vinculadas a delitos de Lesa Humanidad, «según surge del informe del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria –dependiente de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural, que depende del doctor Sergio Kuchevasky, quien reconoce que la I Brigada Aérea El Palomar ha sido incorporada a la nómina de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado, por haber funcionado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión».
Los vecinos de la zona, organizaciones sociales y de Derechos Humanos de Tres de Febrero, Hurlingham y Morón, ante la inminente llegada de la firma Fly Bondi (ligada a Mario Quintana), reclamaron que el Gobierno no habilite los vuelos de la firma por la contaminación ambiental, el temor a accidentes y la violación al espacio por la memoria.
De hecho, en una entrevista con Infobae, la abogada Patricia Danna expresó que durante la inspección ocular que realizó la jueza federal de San Martín, víctimas del «terrorismo de estado identificaron los lugares que funcionaron como centro clandestino de detención, que son donde se están llevando adelante las obras ilegales impulsadas por el gobierno nacional. También pudimos comprobar que se ha derribado la casa por la que se ingresaba a los secuestrados y donde se realizaban los interrogatorios y que se han modificado los hangares donde los detenidos eran subidos a los ‘vuelos de la muerte'».
