En el marco de la polémica por las prisiones domiciliarias a presos para evitar el peligro sanitario que implicaría un contagio masivo en cárceles hacinadas, la ministra de Justicia Marcela Losardo insistió con que “no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”.
La funcionaria retomó la posición planteada este miércoles por el presidente Alberto Fernández, que pretendió cerrar la polémica planteada incluso con funcionarios del propio oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa o el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, aclarando que se opone a los indultos y que «la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades».
“Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos”, añadió Losardo, asegurando también que “no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas”. Luego explicó: “Existe una acordada de la Cámara Federal de Casación para considerar medidas alternativas al encierro, en relación con el momento que se está viviendo y medidas recomendadas por la OMS, que también siguieron los demás países. Esto no es un tema del Poder Ejecutivo. Hay situaciones de personas detenidas que pueden cumplir su condena en arresto domiciliario, pero son decisiones que no podemos juzgar nosotros. Quiero aclarar que hay tobilleras y dispositivos”.
Alberto negó que el Gobierno quiera una excarcelación masiva de presos y dejó el tema a la Justicia
Losardo también detalló que hay gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, mujeres embarazadas y personas enfermas a las que se les concedió la salida y aclaró: “Estamos hablando de que esta gente salió por alto riesgo en relación con el coronavirus. La Justicia nos pidió las listas de todos los detenidos con todas las características que solicitaba la acordada, que también establece que se dará cumplimiento a la protección de la ley de víctimas”. Luego confirmó que de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria sólo 320, “por estar en riesgo” y con siguiendo disposiciones del Poder Judicial. “No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo”, insistió.
Respecto del reclamo particular del penal de Devoto, planteó que “había una medida de fuerza y se escucharon las demandas de las personas privadas de la libertad”. Luego agregó: “Se dialogó sobre la situación carcelaria y sus pedidos. Si hay un problema en Devoto, a nadie le gusta, pero no queda otra que hacer una mesa de diálogo, tenemos que resolver el conflicto”.
En cuanto al pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime planteado por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Horacio Pietragala, la ministra destacó que la cartera tiene “autonomía para presentarse como amicus curiae en la Justicia cuando considera que hay una violación de derechos de la persona”. Y añadió: “En este caso, fue solicitado por la familia de esa persona y la Secretaría no necesita autorización ni del Presidente ni del Ministerio de Justicia para realizar la presentación”.
La funcionaria también remarcó que en este caso, como en el resto de los planteados, “esto lo decide la Justicia”, recordando también que la solicitud realizada respecto de Jaime “fue rechazada” por el Poder Judicial. “El Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla. No es un tema del Ministerio de Justicia”, concluyó.
