La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso (quien fue imputada por «denegación y retardo de Justicia») apeló la falta de mérito de Cristina Kirchner, dictada por el juez Sebastián Casanello en la causa conocida como la «Ruta del Dinero K».
El organismo del Estado determinó que una parte del dinero blanqueado por Báez proviene de los contratos financiados por el Estado, lo que habría permitido un crecimiento patrimonial del 1.200 %, que no respondería exclusivamente a sus bienes sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.
A partir de esto, la OA decidió apelar el fallo de Casanello, al considerar que el enfoque de la acusación «no es el correcto». «Si bien las medidas de prueba ordenadas por el juez pueden ser útiles, entendemos que hay documentos que se analizan de un modo distinto a cómo sostenemos», añadió la entidad a través de un comunicado al que tuvo acceso Télam.
De esta forma, establecieron que «el enfoque debe ser el de considerar a CFK como la dueña real de la mayor parte del dinero que se desvió de la obra pública y fue exteriorizado por Báez a través de Austral, y SGI La Rosadita».
Para la OA, la actual senadora Kichner «tenía vocación sobre el dinero de origen ilícito que manejaba» Báez, y que «en verdad era de propiedad de su esposo y que tras la muerte de éste consideraba que esa fortuna le pertenecía».
«La evidencia cabal del conocimiento de estas conductas por parte de Cristina Elisabeth Fernández la constituyen las diversas acciones, emanadas de distintos órganos estatales de poder durante su gobierno, tendientes a brindar protección administrativa y judicial a Lázaro Antonio Báez», concluye el escrito.
