La Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, abrió una actuación para investigar el acuerdo entre el gobierno nacional y el Correo Argentino S.A. sobre la deuda que la compañía tiene con el Estado.
Los equipos legales ya tienen a disposición los dictámenes de la fiscal de la Cámara Comercial, Graciela Boquín, en los que afirma “que esto es equivalente a una condonación de deuda abusiva”.
De acuerdo a los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.
La fiscal agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió esas instrucciones.
Como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de ley de ética pública, será la responsable de actuar en esta causa para lo cual según explicó la titular de la OA, “pedirán información a los funcionarios involucrados y analizarán el expediente completo”.
El Correo Argentino fue transformado en una sociedad anónima en 1993 y en 1997 cedida en concesión al grupo Socma, de la familia Macri, hasta que en 2003 la entidad fue reestatizada por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner.
