La Oficina Anticorrupción (OA) dejaría de ser querellante en todas las causas penales que involucran a ex funcionarios, según estipula una resolución recientemente firmada por el titular del organismo, Félix Crous, quien sostuvo que la decisión se toma por problemas de falta de personal para afrontar esas tareas.
En simultáneo, se aseguró que el organismo mantendrá su actuación en los expedientes que ya transitan el proceso de audiencias del juicio. “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, señala la resolución firmada por Crous.
“Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, explicó el funcionario. Según Crous, desde 2018 la OA sufrió “una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”. Al respecto, añadió: “A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”.
La ex titular del organismo, Laura Alonso, cuestionó esta explicación desde sus redes sociales: “Había recursos humanos muy buenos. Los echaron o no los recontrataron, una pena para el país que retrocede muchísimo”. “Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción. Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron”, insistió. Y concluyó: “La impunidad llegó para quedarse”.
En el mes de mayo la OA ya se había retirado como querellante en el proceso unificado por las causas de Hotesur y Los sauces, que investiga a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión fue duramente cuestionada por la oposición y Juntos por el Cambio (JxC) incluso hizo público un duro comunicado al respecto y presentó una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
