Este miércoles la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado en el que criticó “la falta de progreso” en la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven artesano desaparecido desde el 1 de agosto luego de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen.
La oficina regional de la ONU, que se dedica a “la observación, promoción y protección de los derechos humanos en seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela”, en el texto firmado por Amarigo Incalcaterra, representante para América del Sur de la ACNUDH, exigió a las autoridades pertinentes “realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Y añade que “la Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos, en especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública”.
Desde la ACNUDH, que fue el primer organismo internacional en interesarse por el caso (instó a realizar “acciones urgentes” ya desde el de agosto, a seis días de los hechos) se insistió con la oferta de prestar la “asesoría técnica que los familiares y el gobierno argentino acordaron el 29 de Agosto”. Dos días después de la firma de este acuerdo, el propio Incalcaterra visitó nuestro país para interesarse personalmente por el caso Maldonado y se reunió con el ministro de Justicia Germán Garavano, con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, con la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó así como también con Verónica Heredia, la abogada que representa a la familia de joven desaparecido.
Incalcaterra concluye el texto recordando que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas exigieron al Estado argentino que tome “medidas urgentes para la investigación y que brinde información sobre las acciones adoptadas”.
En el marco de la creciente presión internacional y la caída de algunas de las hipótesis de investigación que se barajaron para desviar las responsabilidades de Gendarmería, el gobierno argentino realizó una serie de gestos para tratar de mostrar su preocupación por el caso. Además de las breves referencias presidenciales al caso, se instruyó al secretario Avruj para que se reúna con el juez Guido Otranto, que está llevando adelante la investigación, y se decidió aumentar la recompensa por informaciones que permitan localizar a Maldonado a dos millones de pesos.
