La Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno argentino que responda una serie de cargos sobre posibles presiones, arbitrariedades y manipulaciones sobre distintos integrantes del Poder Judicial.
El pedido se da en respuesta a una presentación de los abogados de la agrupación Abogados por la Justicia Social (Ajus), ante lo que la Relatoría encabezada por el jurista peruano Diego García-Sayán le dio 60 días al Gobierno para que aclare la situación. El documento se le entregó al ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes pasado, para que se lo gire al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie.
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Emanuel Desojo, dirigente de Ajus, detalló: “Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”. Y añadió: “Lo que nos deja satisfechos es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas.”
Según informa Página 12, Ajus además estaría preparando un libro sobre las distintas formas de manipulación de la Justicia del gobierno de Mauricio Macri. En uno de los párrafos de este trabajo de investigación, que se titularía “Justicia a la carta”, se explica que Macri buscó “establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario, encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo”.
Más allá de que el plazo de 60 días excede la fecha del traspaso del poder, el organismo de Naciones Unidas le pide al oficialismo que inmediatamente “adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
La carta de García-Sayán pide al Gobierno aclaraciones sobre “la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina” y “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del Poder Judicial, afectando “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
Algunos de los casos concretos sobre los que se piden explicaciones tienen que ver con las maniobras para conseguir una mayoría afín al Gobierno en el Consejo de la Magistratura, subrogación de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires sin concurso, el intento de nombrar por decreto a miembros de la Corte Suprema o la ofensiva contra magistrados que “han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri”, así como el “ataque a los abogados y jueces laboralistas”.
