Este miércoles todos los bloques opositores en la Cámara de Diputados intentarán llevar adelante una sesión especial a partir de las 11 para poner en discusión diversos proyectos de ley que limitan los excesivos aumentos tarifarios impulsados por el gobierno. De todos modos, el oficialismo tiene la posibilidad de bloquear la aprobación votando en contra para que no se alcancen los dos tercios necesarios. Previamente, los bloques del peronismo no K de Argentina Federal y el Frente Renovador brindaron una conferencia de prensa para presentar los detalles de su proyecto, basado en la “razonabilidad” de los aumentos tarifarios.
La sesión extraordinaria fue originalmente convocada por el kirchnerismo, pero durante el día de ayer se confirmó la adhesión de los bloques que responden a los gobernadores (Argentina Federal) y del Frente Renovador, con lo que la oposición reunida puede sumar las 129 bancas necesarias para el quórum. Pero como ninguno de los proyectos a debatir cuenta con dictamen harían falta dos tercios de la Cámara baja para poder aprobarlos, por lo que la estrategia del bloque de Cambiemos ha sido la de bajar a la sesión, ocupar sus bancas y votar en contra. De todos modos, el presidente de la Cámara Emilio Monzó y el ministro del Interior Rogelio Frigerio están llevando adelante negociaciones de último momento para tratar de evitar el quórum, logrando convencer a diputados de que se ausenten de la sesión.
A partir de las 9.30 diputados de Argentina Federal y del FR brindaron una conferencia de prensa conjunta para presentar su propio proyecto. El acto fue encabezado por el presidente del bloque AF, el salteño Pablo Kosiner, quien sostuvo que el de las tarifas es “uno de los graves problemas que tiene la Argentina” y planteó la necesidad de “ponerle un freno a la insensibilidad del gobierno respecto de su política tarifaria”.
El referente del bloque de gobernadores añadió, distanciándose del proyecto de retrotraer las tarifas a 2015 presentado por el kirchnerismo, que “no planteamos que todo pasado
fue mejor pero creemos que los argentinos son muy críticos de la realidad actual, hay cada vez mayor nivel de preocupación y de frustración por los cambios que no han llegado”. En cuanto al proyecto conjunto expecificó que tiene como base una “política tarifaria justa, equitativa y racional que tenga que ver con la posibilidad de que los argentinos puedan pagarlas” y aclaró que estoy incluye también a los peajes y el combustible.
Por último, Kosiner planteó su “profunda preocupación” por los “desmedidos de las tarifas” y por el hecho de que todas las proyecciones inflacionarias del Gobierno “no se pueden cumplir”: “Mandaron un proyecto original de presupuesto con un 10% de inflación, luego lo corrigieron al 15% y a esta altura del año ya tenemos casi un 15% sólo de aumento de tarifas del combustible, por lo que el escenario es muy preocupante”.
La diputada massista Graciela Caamaño luego recordó que el FR estuvo preocupado desde por el tema tarifario desde el mismo inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuestionando que el tema se manejó “con una política creada en los Excels de los muchos Ministerios de Economía que tiene el Poder Ejecutivo, con una total ignorancia de la realidad hasta territorial de la República Argentina”. En este sentido, denunció que el plan oficial original ni siquiera planteaba la tarifa social y que había omitido el paso de la audiencia pública exigido por ley, que finalmente les fue impuesto por un fallo de la Corte Suprema.
De este fallo del máximo tribunal, que calificó de “histórico”, Caamaño destacó que “fue absolutamente claro en cuanto a la necesidad de que las tarifas tengan razonabilidad y progresividad”, elemento que no fue tomado en cuenta por el oficialismo. Y añadió: “Consideramos que los incrementos que tenemos son insostenibles y se están apropiando del ingreso de los argentinos. El gas se incrementó 1600%, la luz un 500% y el agua un 400%. Tenemos familias que se están endeudando para pagar las tarifas y esto pega fuerte también en las PyMEs, que vienen sufriendo todo tipo de problemas, desde las importaciones hasta la imposibilidad de avizorar un futuro para sostener sus empresas. Y, por supuesto, los comercios”.
A continuación el diputado renovador Marco Lavagna presentó los detalles del proyecto, organizado en tres puntos. El primero plantea que el aumento tarifario “no puede estar disociado del aumento salarial” porque “los aumentos excesivos están comiendo el poder adquisitivo y complicando el día a día de la gente, con lo cual establecemos que no puede haber aumentos más allá del aumento del Coeficiente de Variación Salarial”. En cuanto a las PyMEs, cooperativas y empresas recuperadas, área en el que se plantea la necesidad de “poner un límite” estableciendo que los aumentos “no puedan exceder el aumento del Índice de Precios Mayoristas”.
El segundo capítulo del proyecto tiene que ver con cuestiones impositivas. Lavagna reconoció que “había que hacer un esfuerzo y cambiar el sistema de subsidios” pero no con la “brutalidad” en que lo hizo el Gobierno. Por eso se plantea una estrategia de emergencia de reducir la alícuota del IVA que pagan los residentes al 10,5% y en el caso de las PyMEs eliminamos el aumento que se llevó al 27,5%. Recién se volvería al 21% de forma gradual en un lapso de tres años “siempre y cuando estén las condiciones económicas para que esta alicuota se pueda restituir”. Por último, el tercer eje tiene que ver con la tarifa social, respecto de la que el proyecto propone su establecimiento por ley y la ampliación, cambiando el límite para recibirla de dos salarios mínimos, vitales y móviles a tres.
