La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para frenar la consulta popular sobre la re-reelección del gobernador Sergio Casas en La Rioja. La CSJN había pedido el dictamen en este proceso, aunque no es vinculante.
Para Laura Monti, Procuradora fiscal, el máximo tribunal del país no posee «competencia originaria» en el tema y dictaminó que «es ajeno» al proceso de reforma constitucional de la provincia que impulsa el oficialismo local cuyo objetivo tiene que el actual mandatario se presente a un tercer mandato. Vale destacar que Casas fue vice de Luis Beder Herrera (2011-2015) y fue elegido gobernador en 2015. A fines de 2018, logró que la legislatura provincial apruebe una enmienda de la Carta Magna que debe ser refrendada por consulta popular.
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La funcionaria judicial también indicó que «el asunto a resolver se relaciona con el procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial, es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local».
«Las cuestiones esgrimidas deben tramitar ante la justicia de la Provincia de La Rioja, puesto que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza», señaló la fiscal.
Esta maniobra de Casas generó que Cambiemos presente ante la CSJN un reclamo por supuesta “arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional”. “Mediante esta ley, se modifica la Carta Magna riojana para permitir una nueva reelección del gobernador Sergio Casas. En consecuencia, Cambiemos solicitó como medida cautelar la suspensión de la consulta popular convocada por el Ejecutivo provincial para el 27 de enero”, denunciaron desde la alianza oficialista.
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Por su parte, el gobierno de La Rioja cuestionó a la oposición por «menoscabar los derechos del pueblo y la autonomía de la provincia». «Se pretende a través de un pronunciamiento judicial, inducido en base a mendaces argumentos, lograr objetivos de esta naturaleza y con ese calificativo, como por ejemplo cuando se tergiversa el alcance de la Ley de Enmienda aduciendo que se abre la posibilidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador», manifestó en el comunicado.
«Exhortamos a la sensatez que caracteriza al máximo órgano jurisdiccional de la República, y siguiendo la doctrina sentada en la jurisprudencia recientemente dictada en los casos conocidos como ‘Salta’, ‘Santa Cruz’ y ‘Santiago del Estero’, para que no permita desnaturalizar con intenciones secundarias los derechos del pueblo y la autonomía provincial», continuó.
