Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema no convalidando las candidaturas de Sergio Casas en La Rioja y de Alberto Weretilneck en Río Negro, el Tribunal Electoral riojano decidió suspender las elecciones en esa provincia, trasladando los comicios al 12 de mayo, con lo que el actual gobernador riojano decidió bajarse de la búsqueda de reelección.
El anuncio del gobernador se produjo en las instalaciones del Partido Justicialista ante algunos dirigentes y de esa forma evitó esperar la resolución el fallo del Máximo Tribunal. Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, año en que compitió por la Gobernación y ganó las elecciones. Ante el cuestionamiento a una nueva candidatura, el 27 de enero impulsó un plebiscito consultando por una posible reforma constitucional que le habiliteun nuevo mandato, del que resultó ganador.
El Tribunal Electoral justificó la suspensión por “la situación de incertidumbre que impediría postular candidato al estamento de gobernador y vicegobernador”, responsabilizando al Gobierno nacional por la falta de actualización de los padrones provinciales.
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El texto explica que la decisión se tomó “con el fin de salvaguardar la legalidad y regularidad del proceso electoral, de proteger el ejercicio del derecho constitucional al sufragio, de favorecer la expresión de la genuina voluntad del electorado, de evitar perjuicios mayores a los derechos de los electores y de los partidos políticos, y de aquellos que pretendiendo postularse para algún cargo electivo no pudieren hacerlo por no estar correctamente registrados, en definitiva, en salvaguarda del derecho de elegir y ser elegido”.
Ante el nuevo escenario, legisladores e intendentes riojanos emitieron un comunicado en defensa de “la autonomía provincial de la provincia de La Rioja y contra el centralismo del Gobierno Nacional”. Los funcionarios acusan al Gobierno nacional por llevar a cabo “una serie de acciones de enorme e ilegal presión sobre el Poder Judicial”.
El texto añade: “Observamos un accionar inescrupuloso e ilegal de funcionarios nacionales que presionan al Poder Judicial, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de conseguir que ésta falle a favor de sus intereses mezquinos”.
Y concluye: “Con profundo pesar, vemos como el accionar ilícito de las autoridades nacionales comenzaron a efectivizarse al tomar conocimiento en el día de la fecha del dictamen del Sra. Procuradora ante la Corte Suprema, quien luego de haber rechazado la competencia de la corte nacional con anterioridad y cediendo a la presiones denunciadas, hoy se expide haciendo lugar a las pretensiones ilegítimas de la unión cívica radical anulando la elección por la cual este pueblo expresó su clara voluntad constituyente, Lo que no vamos a permitir de modo alguno. Por lo cual anunciamos nuestro total rechazo y la inmediata toma de decisiones tendientes a defender el derecho universal a la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto de la voluntad popular”.
