La Sociedad Rural también recibió aportes estatales del programa ATP para pagar salarios

a Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una más de las miles de empresas que se inscribieron al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), implementado por el Gobierno nacional para ayudar a los privados con el pago de salarios en el marco de la cuarentena obligatoria por la epidemia de coronavirus. Según trascendió, la histórica entidad ruralista habría recibido como aporte estatal el 30% de los salarios correspondientes al mes de abril, subsidio que se repetiría con la liquidación de sueldos del mes próximo.

Según explicaron directivos de la SRA, entidad presidida por el empresario Daniel Pelegrina, el aporte estatal se solicitó con el objetivo de proteger las fuentes de trabajo, ante la crisis financiera de la entidad, que sufre de una fuerte mora en los aportes de las cuotas de sus socios y además debió suspender todas las exposiciones programadas en su predio capitalino.

Moroni consideró “interesante” la propuesta de que el Estado se quede con acciones de empresas a las que ayuda con ATP

La Sociedad Rural, legalmente una entidad sin fines de lucro, emplea a unas 100 personas entre las oficinas del tradicional predio de Palermo y su sede central de calle Florida. El financiamiento de la SRA es por medio del aporte de unos 2 mil socios, productores agropecuarios de todo el país, que pagan una cuota mensual.

El centro de exposiciones de Palermo se explota bajo la firma La Rural S.A., pero esta iniciativa comercial ha sufrido un duro golpe por la suspensión de la exposición rural anual que se hace habitualmente en el mes de junio, además del alquiler para todo tipo de eventos empresariales, incluida la multitudinaria feria del libro de abril, que este año también se suspendió.

Más allá de que sus directivos la definan como un PyME, la Sociedad Rural es una más de las grandes empresas cuyo financiamiento nacional despertó fuertes polémicas (como Techint, Ledesma, Clarín, La Nación, Mercedes Benz, McDonalds y otras multinacionales) e incluso abrió la discusión sobre la posibilidad de que como contraprestación el Estado se quede con parte del paquete accionario, según propuso la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.

 

 

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