Mientras crecen los casos de Coronavirus y los contactos estrechos se incrementan, la UIA y gremios de peso avanzan en conversaciones con el Gobierno para que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores. Que la salud de los empleados y la productividad no se vean resentidas, los objetivos principales.
Desde la Unión Industrial aceleraron contactos con la cartera de Vizzotti en diciembre pasado y, de acuerdo a fuentes empresariales, sumaron a la CGT, que por estas horas niega diálogos formales pero, ante IP, dirigentes gremiales indicaron que hubo acercamiento. «El Gobierno necesita mostrar que la salud y la economía no se van a perjudicar en un año de plena reactivación», señalan desde el ámbito gremial.
Un dirigente sindical agrega ante este medio que «se va a avanzar en el tema» y que se analiza instalar en las fábricas «una especia de posta sanitaria, en donde el trabajador se pueda vacunar en el mismo lugar en el que se emplea». De hecho, estiman comenzar a realizar pruebas piloto en el interior del país.
También, dijo que existen desde los gremios campañas de concientización para la inoculación. Si bien la aceptación de las vacunas es alta, todavía hay ciertos trabajadores, los menos, que no se han vacunado. «Deben entender que si uno no se vacuna expone al resto», sostuvo.
Desde el Gobierno la idea entusiasma: es una posibilidad de mostrar que salud y economía van de la mano, en un año en donde las estimaciones indican que las principales variables de la economía mostrarán una mejora con respecto a 2021.
Cabe recordar que el año pasado, en agosto, UIA y la CGT chocaron por la inoculación obligatoria. Daniel Funes de Rioja, líder de la cámara empresaria, reclamó que aquel que no se quiera dar las dosis no debería cobrar salario. «Lo que queremos es que la gente se vacune, toda, salvo los que tengan razones médicas para no hacerlo. Si alguien no se quiere vacunar, es su libre decisión, pero por otro lado, ¿puede permitírsele la convivencia con trabajadores que se han dado las vacunas? Ahí está la reflexión que se hizo sobre la inconveniencia de esto», relató el ejecutivo en una entrevista.
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En este punto, Funes de Rioja se refirió a la propuesta: «El análisis era que la dispensa que le dio la norma de no trabajar, no estoy hablando de quienes hacen teletrabajo en sus casas, sino de los que directamente no trabajaban, esa dispensa de seguir recibiendo salarios o asignaciones no remunerativas podía suspenderse por la sencilla razón de que no hay contraprestación», explicó.
Rápidamente, Héctor Daer indicó que lo que pretendía la UIA «era un disparate» y, luego, la central obrera emitió un duro comunicado señalando que la sanción «no es el camino adecuado» y, además, recalcó que «es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación».
